El próximo 15 de enero el personal técnico de integración social e intérpretes de lengua de signos será llamado a hacer huelga. Así lo ha anunciado el sindicato CCOO, convocante de la misma, ya que tras el anuncio por parte de la Consejería de Educación y Deporte de convertir estos puestos de trabajo externalizados en públicos, esta no ha convocado a los sindicatos a negociar una salida para las casi 1.400 trabajadoras y trabajadores que, según la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público, deben ser subrogados por la propia Administración.

Esta medida, en concreto, afecta a más de un centenar de personas en Granada: 134 personal técnico de integración social de 120 centros y 18 Intérpretes de Lengua de Signos de 12 centros educativos.

Según indicó la responsable del sindicato de Enseñanza de CCOO Granada, Mercedes Isabel González Liñán, "la Administración está utilizando una engañosa intencionalidad tanto con el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) como con Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), haciéndoles creer que acceder al empleo público a través de la bolsa de trabajo es la única solución para ambos colectivos, y que la Administración no es la culpable de que no se pueda materializar la continuidad en sus puestos de trabajo una vez rescatados ambos servicios".

Desde CCOO se recuerda que el personal contratado en ambos servicios externalizados de la Junta supone casi 1.400 trabajadoras y trabajadores, que desarrollan su labor en 1.300 centros, siendo un colectivo altamente feminizado con casi el 90% de mujeres.

La responsable sindical ha recordado que las afectadas no tienen garantizada la continuidad en sus puestos de trabajo una vez se produzca el rescate de ambos servicios educativos. A día de hoy su situación pasa por contratos precarios, a tiempo parcial, y se encuentran percibiendo salarios y con condiciones muy inferiores a los que le hubiese correspondido de estar contratados directamente por la Junta de Andalucía, que, además, pese a estas diferencias, en muchos casos comparten centros con empleadas y empleados públicos y desempeñan las mismas tareas".

A esta situación, González Liñán añade que "las demandas ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos de las empresas concesionarias han sido una constante durante años y los tribunales cada vez dan más razón en cuanto a la cesión ilegal de trabajadores en este tipo de contrataciones".

Por ello, desde CCOO se insta a la Junta de Andalucía a revertir dichos servicios privatizados en públicos, aplicando lo que dice la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público en su Art. 130.3: "En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general".