El rápido y decidido apoyo de la Universidad de Granada al reinicio del procedimiento de declaración de BIC como Zona Patrimonial del Valle del Darro, estancado en no sé sabe qué barullo jurídico, ha demostrado, sin lugar a dudas y de forma clara, el encomiable y firme compromiso de la UGR con la defensa del Patrimonio Histórico de la ciudad y de la provincia.

Para los que no estén familiarizados con el galimatías legal, me atrevo a recordar que la figura de protección elegida para el Valle del Darro es la de Zona Patrimonial, una categoría dentro de los BICs que se incorporó en la Ley de Patrimonio del año 2007, actualmente vigente, y que es, sin duda un matiz a tener muy en cuenta dado que permite ir mucho más allá de la simple declaración del Bien y su protección.

La Zona Patrimonial es un BIC que agrupa elementos patrimoniales de distinta clase y de distinta época que tienen como característica principal su unidad territorial. Por ejemplo, podríamos unir un yacimiento romano del siglo II (arqueología) con un cortijo contemporáneo (etnología) y una iglesia medieval (monumento), siempre que el espacio les proporcionase una relativa unidad.

Eso sería una Zona Patrimonial, sin más. Pero el matiz al que me refería es que, si uno lee con detenimiento los artículos 76 a 83 de la Ley de Patrimonio, descubre que las Zonas Patrimoniales tienen, además, una decidida vocación de convertirse en Parques Culturales, espacios patrimoniales dotados de "un órgano de gestión en el que participen las Administraciones y sectores implicados". Este último párrafo, copiado directamente de la Ley, es, como podrán ustedes deducir, un elemento de grandes posibilidades, aunque pueda generar, por otro lado, una relativa inquietud para las Administraciones que tienen competencias en esos territorios.

Además de los ayuntamientos o de la Consejería de Cultura o de la Confederación Hidrográfica, la Zona Patrimonial del Valle de Darro podría tener en un futuro, así lo entiende la Ley, un órgano de gestión propio en el que estarían presentes todos los sectores implicados; es decir, plataformas en defensa del Valle, asociaciones de vecinos y de propietarios, comunidad de regantes… En fin, una atrevida y moderna apuesta de gestión patrimonial, aunque eso sí, de compleja formalización, de inciertos resultados y que podría acabar por generar más de un dolor de cabeza a unas administraciones acostumbradas a tomar decisiones sin tanto elemento de por medio y sin dar demasiadas explicaciones.

En cualquier caso, a pesar de que la UGR es, estoy seguro, completamente consciente de lo que les estoy contando, su respuesta ha sido rápida y sin sombra de duda. En este caso, la UGR va a por todas.

Otra cosa es, sin embargo, lo que le pasa a la UGR con el patrimonio de su propio Campus de Cartuja, en el que si hacemos un pequeño recorrido nos encontramos con el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús que es un Monumento, el Alfar Romano que es una Zona Arqueológica, el Monasterio de la Cartuja que es otro Monumento y muchos otros elementos patrimoniales que no poseen la protección patrimonial adecuada o, al menos, específica pero que no por ello dejan de tener su importancia.

Por ejemplo, el Albercón de Cartuja, incluido su templete y que lleva excavándose cinco años bajo la dirección del profesor Guillermo García Contreras, solo tiene la protección que deriva de su cercanía al Colegio Máximo, un horno de cerámica de los siglos XVI y XVII que excavó ya hace años Rafael Turati en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de Educación, no tiene ninguna protección, un horno romano que apareció en las excavaciones de la reurbanización del Campus hace unos años, junto a la facultad de Teología y que allí sigue tapado, tampoco tiene protección, el maravilloso edificio del antiguo observatorio astronómico, tampoco tiene protección como tampoco la tienen los depósitos de arcilla para los hornos que aparecieron frente al edificio de Mente y Cerebro ni el cercano cementerio de los Jesuitas. Les puede llamar la atención, pero nada de eso tiene una protección patrimonial adecuada que hubiese impedido, por ejemplo, que una vicerrectora de Patrimonio permitiese a un chatarrero que retirase del Colegio Máximo las rotativas del diario Patria, un patrimonio industrial de primera categoría, hoy destruido.

En fin, el Campus de Cartuja reúne elementos patrimoniales de distinta categoría, de distinta clase y de distinta cronología dentro de una unidad paisajística y territorial precisa y clara; la colina que conforma el propio Campus. Reúne también por eso, las condiciones precisas para ser un candidato perfecto para que se declare Zona Patrimonial y para que pudiera convertirse en un Parque Cultural con su órgano de gestión propio y llama poderosamente la atención que la encomiable, repito, preocupación que la UGR muestra por el Valle del Darro, no la muestre por su propio patrimonio que tan a mano lo tiene.

Lo cierto es que el Campus es un recurso patrimonial que necesita considerarse de una forma global y que las estrategias de gestión patrimonial que en él se desarrollen han de ser también globales y también es cierto, y hay que reconocerlo, que el Campus ha dado algunos pasos en ese sentido.

Las prácticas de arqueología que se hacían de forma un tanto improvisadas, desde el punto de vista de su gestión, se convirtieron en el año 2017, y siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Bienes Culturales, en un Proyecto General de Investigación que, dirigido por la profesora Elena H. Sánchez López, investiga todos los años en tres zonas del Campus, el Alfar, el Claustrón del Monasterio y el Albercón con valiosos resultados.

En el ámbito de la Conservación, el proyecto estrella es la recuperación del Albercón de la arquitecta Amanda Vicente Murcia, financiado por la Universidad, el Patronato de la Alhambra y Emasagra. El resultado de la investigación arqueológica que dirige Guillermo García-Contreras nos dirá en qué se va a gastar ese casi millón de euros previstos. Esperemos que quede algo del albercón nazarí.

Se trabaja además desde hace tiempo en un proyecto de la misma arquitecta para la cubrición definitiva del propio Alfar romano que, personalmente, creo que es lo más urgente dada su precaria situación.

Por otra parte, los aspectos relacionados con la difusión del Patrimonio del Campus, ahora inexistentes, sin duda recibirán un importante impulso cuando esos proyectos se hagan realidad en un futuro relativamente cercano.

Lo que no termina de entenderse es que una de las líneas fundamentales que deben definir y ser parte sustancial de cualquier proyecto de gestión moderna del Patrimonio, el de la protección legal de todo el conjunto, siga parada en un modelo limitado, fragmentado, imperfecto, incoherente y chapucero en su gestión.

La Universidad lo sabe, como lo ha sabido en el Valle del Darro y ahora parece necesario que avance con la misma rapidez y decisión que lo ha hecho allí; la Zona Patrimonial del Campus Universitario de Cartuja requiere, cuanto menos, el mismo compromiso que la del Valle del Darro.