Hace un siglo, a propuesta del Instituto de Reformas Sociales, se dictó en España una llamada Ley de las Casas Baratas que algunos consideran claro antecedente de las viviendas VPO; aunque no fue un invento español porque ya lo tenían los franceses desde 1894 con la llamada Loi Siegfried. La idea era «proporcionar a las familias poco acomodadas, en el disfrute de sus domicilios, moralidad, higiene, seguridad, economía, comodidad, hábitos de cultura y medios para que lleguen a tener casa propia».

Para colmo la Primera Guerra Mundial había destruido miles de casas, y precisamente las de los barrios más humildes. Alemania y Francia tuvieron que recomponer la situación de la vivienda construyendo a buen precio barrios para los obreros; era lo que los franceses llamaron Habitations à Bon Marché.

En Granada la situación de la vivienda era lamentable aunque por causas diferentes. La apertura de la Gran Vía y los derribos practicados después en el barrio de la Manigua, unidos a la cantidad de miserables viviendas casi derruidas, sin agua corriente, con servicios comunes, situadas en calles mal ventiladas, etc., hacían urgente el levantamiento de nuevos planos urbanísticos con nuevas casas que tuvieran unas mínimas condiciones de habitabilidad.

Granada había pasado de tener 76.000 habitantes en 1900 a 118.000 en 1930. El tema de la vivienda digna era primordial. Bloques de viviendas en la periferia de la ciudad; casas de una o dos plantas, de dos y tres dormitorios, bien aireadas, con buenas condiciones higiénicas, dotadas de conducciones de agua potable, con patios centrales ajardinados, servicios individuales, cercanas a zonas escolares y a los servicios médicos y pensadas para las clases sociales más modestas. Eran financiadas con la ayuda de la Administración y el concurso de la empresa privada.

Mientras la Gran Vía se llenaba de suntuosos edificios y palacetes, en los alrededores de Granada se construían casas en serie para las clases medias y bajas: en San Isidro, en la Ribera del Genil, en San Lázaro o en el Barrio Fígares (1925). Venían a costar entre 12 y 15.000 pesetas; y por las que se pagaba un alquiler de entre 50 y 60 pesetas al mes.

El entonces alcalde de Granada Germán García Gil de Gibaja acometió el proyecto en 1920 valiéndose del arquitecto Matías Fernández-Fígares.

A pesar de que se trataba de casas baratas no todos los obreros podían permitirse adquirirlas, por lo que muchas fueron a parar a los de siempre o a sus parientes. Aunque para ser propietario marcaba el reglamento que se debían percibir unos ingresos determinados. Pero es verdad que aparecieron miles de nuevos propietarios que hicieron realidad el sueño de su vida: tener casa propia.

La ley de 1911 se amplió con otra de 1920 en la que se definía claramente lo que debía ser una Casa Barata. En su artículo primero se lee esto: Se entenderá por casa barata la que haya sido reconocida oficialmente como tal, por reunir las condiciones técnicas, higiénicas, económicas y especiales, en su caso, para determinadas localidades, que expresen esta ley y el Reglamento para su aplicación.

Como dato curioso reproducimos el artículo 62 del Reglamento de las Casas Baratas en lo referente a la higiene: Ha de atenderse a la evacuación rápida y en condiciones higiénicas de materias fecales y aguas sucias, basuras, detritus e inmundicias de todas clases.

Las cocinas y retretes tendrán luz y ventilación directa de patios o patinillos... Los retretes dispondrán, cuando sea posible, de cargas intermitentes de limpieza... Si no hubiera red de alcantarillado, no se adoptará el pozo negro, sino la fosa séptica... Se prohíbe el empleo de retretes comunes a varias familias.

A lo mejor alguien lee esto y pone de moda las casas baratas, pero que sean baratas de verdad.