El año 2023 comenzará en los tribunales granadinos con el juicio de un caso que lleva años de investigación y espera: el de las audioguías de la Alhambra. Una investigación que juzgará supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de audioguías en el monumento nazarí, por el que se sentarán en el banquillo, entre otros acusados, la exdirectora del Patronato de la Alhambra María del Mar Villafranca, que se enfrenta a una petición fiscal de 5 años de prisión por un delito de malversación y a inhabilitación especial por otro de prevaricación.

Será, según se informó en su día cuando se dieron a conocer las conclusiones fiscales, la Sección Segunda de la Audiencia de Granada la que acoja el juicio contra Villafranca y otras tres personas más. El juicio se prolongará durante tres semanas, entre el 9 y el 25 de enero, y se celebrará en la sala de vistas de la Sección Primera por contar con una dimensión mayor que la sala donde habitualmente celebra la Sección Segunda, según detallaron fuentes judiciales a Europa Press.

Villafranca, que dimitió en 2015 por este asunto, se sentará en el banquillo de los acusados como investigada en dos delitos de prevaricación y malversación, de los que la considera autora material. Por el de prevaricación la Fiscalía pide imponer la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de 11 años. Por el delito de malversación de caudales públicos le pide una pena de 5 años de prisión e inhabilitación absoluta por 9 años.

También se juzgará a la exsecretaria general de la Alhambra, Victoria Eugenia Chamorro, como cooperadora necesaria en los delitos de prevaricación y malversación y para la que el fiscal pide la misma pena que para Villafranca: 11 años de inhabilitación por el delito de prevaricación y 5 de prisión por el de malversación.

Otro acusado es el administrador único de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías, Stendhal Musemum Solutions SL (antes GTP Museum Solutions), A.A.L.R., y al que se acusa también de prevaricación, malversación (cooperador necesario) y en su caso además de autor de un delito de blanqueo de capitales, por lo que suma la petición total de 10 años de cárcel (cinco por malversación y cinco por blanqueo), además de una multa de un millón de euros e inhabilitación especial por 11 y 3 años. Para la empresa o persona jurídica Stendhall Museum Solutions, multa de 21.900 euros y su disolución.

Perjuicio económico millonario a la Alhambra

En las conclusiones provisionales la Fiscalía advertía de los perjuicios económicos que tuvo para el Patronato de la Alhambra la adjudicación del servicio de audioguías que hizo el monumento a esta empresa en 2007 y las irregularidades en el proceso y el posterior proceder de la empresa y el propio patronato, dejando negro sobre blanco la finalidad de las acusadas (Villafranca y Chamorro) de "beneficiar los intereses de GTP Museum Solutions en perjuicio del Patronato de la Alhambra y el Generalife, faltando a los deberes de su cargo". Entre otros, no se exigió el cumplimiento del contrato durante los tres primeros años, no fue emitida factura alguna ni fue requerido el adjudicatario para el pago de los importes debidos "existiendo un nulo control de los ingresos reales". Incluso se le prorrogó el contrato pese a que en 2011 el acusado, administrador único de la mercantil adjudicataria, tenía una deuda con el Patronato y que conocían las acusadas que ascendía a 798.399 euros "sin haber cumplido con las obligaciones económicas y técnicas establecidas en el contrato". Un contrato que se modificó en el objeto y en las condiciones técnicas y económicas "omitiendo total y absolutamente el procedimiento legal establecido" y "con la finalidad de establecer condiciones económicas más beneficiosas para el contratistas en perjuicio del PAG".

En cuanto al administrador de la empresa, el escrito fiscal recoge que "llevó a cabo durante los años 2007 a 2011 la sustracción de la recaudación obtenida en el desarrollo del contrato". Ese año, ante la exigencia de la rendición de cuentas por el Pleno del Patronato sobre los impagos de la empresa, "urde un plan con la finalidad de aflorar el dinero opaco de la empresa".

Por todo, la fiscalía considera un "perjuicio económico" causado por la empresa al Patronato como consecuencia de los incumplimientos en el contrato, "para los cuales ha contado con la anuencia y connivencia de las investigadas". El perjuicio causado al patronato superaría el 1,2 millones de euros.

La Junta de Andalucía está personada como acusación particular debido a los supuestos perjuicios ocasionados al monumento por este asunto entre 2004 y 2015. El PP también está personado como acusación popular y ha solicitado las mismas penas que la Fiscalía.

María del Mar Villafranca ha defendido estos años que, durante su etapa de gestión, en el Patronato de la Alhambra se ha trabajado siempre "con rigor" y aplicando la ley, también en la adjudicación del servicio de audioguías del monumento y que tanto ella como el resto de personas que han sido investigadas están sufriendo una "auténtica persecución". "Me siento perseguida y víctima de esa persecución, lo mismo que una serie de funcionarios y empresarios en la Alhambra", señaló a los medios el 12 de junio de 2018 tras declarar ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que fue el encargado de instruir este caso.