El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre Cetursa ha desatado una tormenta política que ayer la consejera delegada de la empresa pública, María José López, se apresuró a matizar. Los incumplimientos en los salarios de altos cargos a los que hace referencia el informe de la Cámara afectarían a tres de los seis directivos de la empresa, que habrían cobrado 148 euros mensuales más de lo que la Cámara considera que deberían percibir para ajustarse a la norma. Se trata, según López, de una "mera discrepancia" que cifró en 26.000 euros en cinco años.

En cualquier caso, la consejera delega de Cetursa aseguró que, tras conocer el desajuste que señala el informe de la Cámara de Cuentas -que censura el cambio de organigrama de la empresa y señala que el paso de directores a jefes de servicio podría haberse dado para evitar la reducción de retribuciones impuesta en 2012-, se le hizo un requerimiento a los tres directivos, que devolvieron el dinero.

López apuntó que estos altos cargos llevan más de tres décadas en la empresa, por lo que tienen "derechos consolidados" que la empresa no puede eliminar "de forma unilateral". La consejera delegada, que en el informe de la Cámara de Cuentas aparece entre los directivos cuyos salarios se ajustan a los límites que impone la norma, detalló que a la vista de estas discrepancias Cetursa ha enviado un informe a la Consejería de Hacienda informando de estas salvedades para que establezca exactamente los criterios que tiene que emplear la compañía.

La delegada del Gobierno andaluz, Sandra García, también explicó ayer que el informe de Hacienda será "determinante", ya que contendrá las "instrucciones" que deberá seguir la empresa pública. A preguntas de los periodistas, García aseguró que este no es el momento de pedir "responsabilidades", como hicieron la mayoría de los grupos de la oposición, ya que "hay que dar tiempo, ver el informe de hacienda y analizarlo todo en su conjunto".

El pasado miércoles, cuando se publicó el informe de la Cámara de Cuentas, Cetursa ya justificó su gestión apuntando que aplicar el esquema laboral del sector público andaluz resulta complejo para la empresa al ser una sociedad anónima, única en su clase en el territorio andaluz. Además, en cuanto a los procesos selectivos -también puestos en duda por la auditoría-, la empresa indicó que el número total de trabajadores en la estación ha disminuido en los últimos años en 829 a 670, y que la única contratación de personal neta desde la entrada en vigor de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía ha sido de 20 trabajadores, once a través de Sercla en 2011 y el resto por contratos de relevo.