El Colegio de Abogados amenaza con convocar una huelga en septiembre

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Granada (ICAGR), Eduardo Torres, aseguró ayer que, de continuar la actual situación de colapso y deuda que padece el servicio de Justicia gratuita de la institución como consecuencia de la reducción de personal y del nuevo sistema de pago de honorarios decretados por la Junta de Andalucía, el Gobierno del ICAGR planteará en la junta general de septiembre la convocatoria de una huelga que podría paralizar los miles de expedientes y litigios que gestiona el turno de oficio adscrito al organismo, "salvo aquellos de mayor importancia y urgencia".

Torres, que hizo estas declaraciones con motivo del día de la justicia gratuita, afirmó que, en 2011, el Ejecutivo andaluz implantó un sistema de pago mensual por servicios prestados para los abogados del turno de oficio en el que la Administración autonómica sólo cubre la mitad (5%) del montante total del que debe hacerse cargo por Ley (10%). Esto va a llevar, según Torres, a que la deuda acumulada que mantiene la Junta con el ICAGR alcance los 200.000 euros a finales de año.

Aparte de esto, el jurista denunció que, también en 2011, la Junta de Andalucía redujo drásticamente el número de letrados dedicados diariamente al turno de oficio y la asistencia al detenido, pasando de 23 a 18 los abogados de oficio y de 8 a 5 los que atienden a los detenidos sin recursos.

Asimismo, Torres aseguró no entender los motivos que han llevado a esta reducción, "especialmente si tenemos en cuenta el drástico aumento que ha experimentado el número de personas que precisan de este servicio como consecuencia de la crisis y la masiva llegada de pateras que se está produciendo en nuestras costas".

El letrado alertó de que las consecuencias de estas actuaciones de la Junta no sólo será la merma de la calidad del servicio que presta el ICAGR , sino también la consecuente vulneración del derecho fundamental de acceso efectivo a la Justicia y de las garantías constitucionales del detenido.

En este sentido, el máximo dirigente del ICAGR señaló que "constitucionalmente es una barbaridad" que un detenido tenga que pasar de seis a ocho horas en el calabozo porque no haya un profesional que pueda darle asistencia jurídica, cuando nueve de cada diez detenidos son, posteriormente, puestos en libertad.

En 2010, los abogados adscritos al servicio de Justicia gratuita del ICAGR realizaron 18.349 asistencias al detenido y 18.025 litigios. Son cifras que, en opinión de Torres, demuestran la "extraordinaria importancia" de la labor de estos profesionales del Derecho, "merecedores de una remuneración digna y puntual".