La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada enjuicie este lunes el caso en el que la Fiscalía ha pedido un año y medio de prisión por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos para al exalcalde de Zújar, Juan José Pérez (PSOE), y la que fue su primera teniente de alcalde, Rosario Moreno (PP), quienes también se enfrentan a una petición fiscal de 14 años y medio de inhabilitación por supuesta prevaricación.

El caso deriva de la denuncia formulada por el Ayuntamiento de este municipio de la comarca bastetana gobernado desde 2019 por los independientes de Gente de Zújar para que se investigara supuesta desaparición de un informe encargado a una mercantil para que ésta investigara "una serie de publicaciones, mensajes e informaciones en las redes sociales" sobre personal municipal en el ejercicio de sus funciones públicas.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan concretamente al 2 de noviembre de 2018 cuando, por decreto, Juan José Pérez, que fue alcalde desde 2017 a 2019, habría adjudicado como contrato menor dichos trabajos al objeto de la "realización de pericial sobre mensajes e informaciones que a través de las redes sociales se están publicando presuntamente sobre personal del Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones públicas", acordándose supuestamente un pago por importe de 3.410 euros, impuestos no incluidos.

El fiscal detalla que "dicho informe, sin embargo, no se refería a personal del Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones públicas, sino específicamente a la teniente de alcalde del Ayuntamiento", también acusada en esta causa, "pese a que se tenía perfecto conocimiento del contenido de dichos mensajes e informaciones, así como la persona que lo realizaba", a la sazón la esposa de un concejal "con el que mediaba un enfrentamiento político y económico".

Dichos mensajes e informaciones, que habrían sido emitidos hasta un total de cinco a través de la red social Facebook, le habrían sido remitidos en fecha 21 de agosto de 2018 al teléfono móvil de Rosario Moreno, "por lo que eran perfectamente conocidos". Así las cosas, el informe pericial "se basó, tan sólo, en el vaciado" de este dispositivo.

"Sirvió de base para la presentación de una querella por injurias y calumnias ante los juzgados de Instrucción de Baza, de tal modo que la realización del informe pericial, de carácter absolutamente innecesario al tenerse constancia del origen y contenido de las informaciones, se realizaba en beneficio particular, no del Ayuntamiento de Zújar".

Prosigue el fiscal indicando que ello habría sido así "más aún cuando dicho informe jamás se incorporó al expediente municipal" abierto "para realizar la prueba pericial aludida, efectuada, exclusivamente, para que sirviera de base a una querella particular presentada" por la entonces teniente de alcalde en Baza el 22 de abril de 2019.

Se concluye en la Fiscalía que, en este contexto, "los acusados acordaron, a sabiendas de su absoluta innecesariedad y con objeto de servir a intereses particulares, la incoación del mencionado expediente municipal dirigido a que se efectuara informe pericial" para que la acusada "presentara querella por injurias y calumnias".

Ello habría originado unos gastos para el Ayuntamiento de 3.616 euros "que fueron abonados pese a tener su origen el informe pericial en intereses exclusivamente particulares". Ambos acusados también se enfrentan al pago de una multa de 4.320 euros por supuesta malversación.