Quien piense que un concejal o un alcalde de pueblo se limita a asistir a los plenos, votar y llevarse un dinero por ello, está pero que muy equivocado. He aquí algunas de sus funciones oficiosas: tirar los cohetes y poner las cervezas en las fiestas del municipio, preparar una ensalada o una paella para la romería popular, proyectar la película cuando se programa una velada de cine bajo las estrellas. Y por supuesto, contestar al teléfono cuando un vecino, a las doce de la noche, llama para decir que se ha quedado sin luz y, lejos de mandarlo a freír espárragos, decirle que no se preocupe y hacer alguna gestión con la compañía para que se restablezca el suministro cuanto antes.

¿Y cuánto se llevan por todo eso? Nada, cero euros, conjunto vacío. En la inmensa mayoría de los casos los concejales no están liberados, tienen su trabajo y lo complementan con la política por amor al arte. Cobran menos de cien euros por asistir a plenos (y en esos sitios normalmente hay uno cada dos meses) y, los que están en el gobierno, una cantidad similar por acudir a las juntas de gobierno. En las localidades más pequeñas, ni eso: los kilómetros por desplazamientos y pare usted de contar.

Pues muchos de esos hombres y mujeres que se costean de sus bolsillos los ingredientes de la paella podrían tener sus días (políticos) contados. Si prospera la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que auspicia el Gobierno central, el número de concejales en la provincia se reduciría en un 30%. De los 1.278 ediles que hay ahora, se pasaría a los 895. Y como por el momento no se contempla quitar más en donde más hay, sino una disminución lineal, los municipios de menos habitantes (y en Granada el 83% de los pueblos tiene menos de 5.000 habitantes) serían los más afectados.

"Medidas como ésa, o como la supresión de la paga extraordinaria a los funcionarios, son de las que el Gobierno puede lanzar contando con que van a tener buena receptividad, porque los funcionarios tienen la fama de que no hacen nada y de que son unos privilegiados, y los políticos somos el tercer problema de los españoles, que tienen interiorizado que sobramos muchos", comenta José Entrena, vicesecretario general del PSOE de Granada, que tiene una opinión muy clara sobre esa posible supresión de ediles. "Es una medida demagógica, un disparate, un supuesto ahorro que no es tal", resume.

José Torrente, portavoz del grupo del PP en la Diputación y alcalde de Cúllar, no es tan contundente pero comparte con su rival político que el ahorro sería mínimo. "¿Está sobredimensionado el Ayuntamiento de Cúllar, que tiene once concejales? Pues es posible que sí. ¿Influiría mucho en el gasto pasar a nueve o a siete? Pues, teniendo en cuenta que aquí sólo hay un concejal liberado, que cobra 1.200 euros al mes [y ahí desliza que antes, cuando mandaban los socialistas, eran dos los liberados], y que los demás cobran 80 por asistencia a plenos y otros 80 por acudir a la junta de gobierno, suprimir eso no parece una revolución", explica.

En todo caso, argumenta Torrente, antes de acometer medidas que define como "el chocolate del loro" habría que, por así decirlo, disparar por elevación: empezar cortando en la capital, donde hay 27 representantes en la corporación, todos están liberados y buena parte de ellos cobran más de 2.500 euros al mes.

José Entrena echa la vista atrás y recuerda que fue alcalde de Villanueva de Mesía, que tiene menos de 2.500 habitantes. No cobraba del Ayuntamiento sino de su puesto como profesor (Torrente tampoco lo hace; su sueldo es el de diputado provincial) y su sustituto percibe mil euros al mes. No hay concejales liberados y es, dice, un ejemplo claro de trabajo que se ejerce "por vocación, por compromiso político con un partido y, sobre todo, por compromiso personal con el pueblo".

No es el único. Recuerda que, siendo regidor, visitó una vez Lobras y la puerta del Ayuntamiento se la abrió la alcaldesa, Ana Rodríguez, en persona. La anécdota le vale para enfatizar que la propuesta es "de cara a la galería" y no tiene sentido, además de que implicaría una "pérdida de calidad democrática" porque cuantos menos concejales puedan elegirse, menos oportunidades tendrán de ganar una plaza en un ayuntamiento las fuerzas minoritarias. La Ley D'Hont favorece a los grandes.

Al igual que Torrente, Entrena se pregunta qué pasaría si el recorte empieza en Granada, disminuyendo el número de liberados y/o los cargos de libre designación. Es obligatorio contar cómo lo ven allí. Juan Antonio Fuentes, concejal de Personal y alcalde en funciones, matiza que no todos están liberados (el popular Sebastián Pérez cobra por su cargo como senador y el socialista Baldomero Oliver recibe un salario de la Universidad), admite que los recortes deben empezar por la cúspide de la pirámide, nunca con la base.

"Para recortar en otros sitios habría que ver primero caso por caso", avisa, y añade que hay municipios que no son ni grandes ni pequeños y en los que hay "bastantes liberados". Nombra un caso: Maracena. Allí gobierna el PSOE.

Fuentes sabe que en comparación con los de los pueblos pequeños, los ediles de Granada son unos privilegiados. Pero también recuerda que llevan "tres o cuatro años" con el sueldo congelado, que se les bajó el sueldo un 6% y que ahora les han suprimido la paga extra de diciembre.

Además, pone el acento en otra cuestión: la modificación legislativa no sólo se centra en la reducción de personas, sino en la redistribución de competencias que lleva aparejada, que previsiblemente tendrá como efecto que algunos servicios que ahora costean (con mucho esfuerzo) los pequeños ayuntamientos pasen a depender de la Diputación. Y si hay menos competencias, a lo mejor hace falta menos personal. "Pero es verdad que, pese a todo, conviene tener gente allí, mantener concejales, porque solucionan muchos problemas", finaliza.

Sobre esa nueva distribución también se pronuncia José Torrente para advertir de que si la Diputación tiene que rescatar competencias de los ayuntamientos, la ley debe "garantizar la financiación" de esos servicios, porque con un simple traspaso no se soluciona nada.

José Entrena no tiene nada claro que esa reordenación sea una buena idea. No lo ha dicho ahora, pero sí lo hizo en este mismo periódico el pasado 12 de julio. "La reforma invade claramente la autonomía municipal, ya que hurta competencias a los pequeños ayuntamientos para dársela a las diputaciones. Son medidas que pretenden demoler el municipalismo y regresar a una estructura local franquista".