El profesor de la Universidad de Granada que debía de enfrentarse a un juicio por espiar a una de sus alumnas a través de la introducción de un programa clandestino en su ordenador, ha aceptado la imposición de una pena de dos años de cárcel como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Es el resultado de un acuerdo alcanzado con la Fiscalía y ratificado ante el tribunal de la Audiencia Provincial que tenía que celebrar el juicio. 

La Fiscalía ha rebajado su petición inicial de dos años y diez meses de prisión para el docente, que era el director de la tesis de su alumna, y ha retirado los cargos por el artículo 198 del Código Penal, que castiga el descubrimiento y la revelación de secretos en el caso de un funcionario público, según informa Efe.

El profesor ha ratificado hoy su conformidad con el acuerdo ante la Sección Primera de la Audiencia de Granada. También ha aceptado una multa de 2.160 euros y quedará inhabilitado para participar y dirigir tesis doctorales durante un período de dos años.

La Fiscalía, a la que se han adherido la acusación particular que ejerce la alumna y la defensa del procesado, ha tenido en cuenta para rebajar su petición de pena la circunstancia atenuante de reparación del daño después de que el profesor haya abonado 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

A las puertas de la Audiencia, la abogada de la acusación particular, Cristina Pasquau, ha explicado a los periodistas que la víctima se encuentran "tranquila" por haber terminado "la pesadilla que ha vivido durante todos estos años" y está "satisfecha" porque, al menos, existe una condena judicial.

La letrada, que inicialmente pedía tres años y medio de cárcel para el acusado, ha recordado que la alumna necesitó en su día tratamiento psicológico, estuvo de baja laboral e incluso unos meses en paro porque no podía aceptar a un contrato-puente porque este tenía vinculación con el acusado.

Dado que la pena aceptada por el procesado es de dos años de prisión y carece de antecedentes penales, cabe la suspensión de esta medida privativa de libertad, algo a lo que la acusación particular no se opondrá, ha añadido la abogada.

Según el escrito inicial de la Fiscalía, los hechos se remontan al 27 de junio de 2015 cuando el acusado accedió al ordenador que usaba en un laboratorio en el Instituto de Biotecnología de Granada.

La intención del profesor, según el Ministerio Público, era apoderarse de las contraseñas de su alumna para así acceder información que había en las cuentas, dado que pretendía supuestamente iniciar una relación sentimental con ella.

Para ello instaló, sin consentimiento de la chica, un programa informático idóneo para estos fines que adquirió con una cuenta de pago por internet, de modo que la información personal de la alumna era enviada a su correo electrónico.

Como consecuencia de esto, al ser el director de la tesis y ante la inminencia de tener que presentarla sin posibilidad de cambiar de director, la alumna sufrió un trastorno depresivo ansioso y requirió de baja médica.