Condenado a un año de cárcel el expresidente de los gestores de Granada y Andalucía

El expresidente de los gestores andaluces y del Colegio de Granada Miguel Ángel Vílchez Pérez ha sido condenado a un año de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, una pena mucho más reducida de la solicitada inicialmente por la Fiscalía (seis años de cárcel, por estafa), en la que ha influido la atenuante de reparación del daño y de confesión. Estaba acusado de utilizar tarjetas para gastos personales como películas o web de citas. tarjetas películas o web de citas.

Según ha informado el propio Colegio de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería, la sentencia de 7 de enero, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, pone término al procedimiento judicial interpuesto en su día por esta organización colegial a través de una condena por apropiación indebida de fondos del Colegio. Además del año de cárcel, la pena incluye inhabilitación para ser elegido cargo público durante el mismo tiempo y multa de seis meses, además de la obligación de reembolsar la cantidad apropiada indebidamente al Colegio.

La sentencia es firme, "al manifestar el acusado su conformidad con la comisión del delito por el que había sido acusado por este Colegio y por el Ministerio Fiscal", según la información remitida por el órgano denunciante.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía con el que Vílchez fue llevado a juicio, el Colegio Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería pagó hasta 2014 compras en el supermercado Hipercor, descargas de películas o gastos de portales de contactos y citas en internet, unos cargos que se contabilizaron de forma "oculta y a espaldas de los órganos colegiales". El uso de las cinco tarjetas black (por su opacidad) con las que se abonaban esos gastos personales se atribuye al que fue presidente de esa organización profesional durante diez años, que también estuvo al frente el Consejo Andaluz de Colegios de Gestores en sus primeros años.

Vílchez Pérez disponía de cinco tarjetas de débito-crédito bancario que se encargaron sin la aprobación de los órganos colegiados de la corporación profesional. "Estaban bajo la posesión física del acusado", exponía la acusación, que detallaba un procedimiento de contabilidad de los gastos derivados de esas tarjetas claramente encaminado a ocultar la naturaleza de los importes.

Una vez "descubierto el fraude", el 31 de julio de 2014 el presidente presentó su dimisión con la entrega posterior de un documento en el que reconocía los hechos y unas cuantías apropiadas por valor de 56.000 euros. Se comprometió entonces a su devolución antes del final de ese año 2014.