Convenios que podrían costar más de 25 millones a la ciudad

Convenios para negociar aumentos de edificabilidad, contrapartidas y formas alternativas de pagar deudas, terceras personas que reclaman usurpación de terrenos, alegaciones insistentes de pequeños propietarios frustrados, avales bancarios para garantizar pagos al municipio que se convierten en papel mojado, obras de interés público que no se ejecutan... Y siempre las mismas firmas al pie de los documentos esenciales. Promotor, funcionarios y políticos aparecen en los expedientes como actores comunes en una serie de operaciones urbanísticas desarrolladas durante la última década que podrían sumar una pérdida para la ciudad de más de 25 millones de euros, entre dinero no cobrado e indemnizaciones, según las valoraciones que aparecen en informes elaborados por trabajadores del propio Ayuntamiento y que ahora manejan los investigadores del Caso Nazarí. Esa cantidad puede crecer mucho si se suman los supuestos perjuicios de actuaciones urbanísticas más actuales, detonantes de las pesquisas.

La operación policial que provocó la detención del exalcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y otras 14 personas, entre funcionarios municipales y empresarios, partió de dos denuncias que destapaban un supuesto trato de favor por parte del Ayuntamiento a dos constructores, uno en cada caso, también detenidos el pasado 13 de abril.

Uno de ellos fue José Julián Romero, empresario muy popular en esta ciudad, sobre todo por sus años de vinculación al baloncesto, como presidente del CB Granada. Él fue denunciado el año pasado ante la Fiscalía por algunos pequeños propietarios de terrenos ubicados en el Plan Parcial N2, Casería de Montijo, donde Julián Romero es el dueño de la mayor parte de los aprovechamientos urbanísticos y donde ha construido una promoción de 300 viviendas, conocida como Ciudad de la Luz y ubicada junto al Centro Comercial Kinépolis.

Muchos detalles de esta operación, en relación a la tramitación de planes y licencias en el Ayuntamiento de la capital, han resultado coincidentes con actuaciones, acuerdos y problemas surgidos en otros desarrollos urbanísticos impulsados por el mismo promotor durante años en la ciudad. De ahí que la investigación policial y judicial revise ahora muchos de esos proyectos antiguos y se esté preguntando por ellos a los supuestos implicados durante sus declaraciones de estas semanas pasadas.

Tanto el empresario Julián Romero como otros funcionarios y políticos han manifestado estos días (o directamente o a través de sus defensas) su contrariedad al ser interrogados por asuntos muy atrasados en el tiempo y que incluso han sido juzgados.

En efecto, algunos de los detenidos en la Operación Nazarí ya estuvieron implicados en investigaciones judiciales anteriores y hasta resultaron imputados por esas otras operaciones, sin haber llegado esos procesos, por separado, a condena alguna. Fue el caso del Palacio de Hielo (o Cerrillo de Maracena), en el que el propio alcalde se sentó en el banquillo, o del Caso Japón, en el que se investigó la relación personal estrecha que había entre este empresario y el exgerente de Urbanismo, Manuel Lorente, actual jefe de Obras en el Ayuntamiento.

El empresario Julián Romero, a los pocos días de su detención, explicó a Granada Hoy que en los registros había sido requerido para entregar documentación sobre esa serie de operaciones urbanísticas antiguas, además de sus relaciones personales y económicas con personal del Ayuntamiento, incluido Lorente.

Pero la investigación podría no centrarse en particular en ninguna de esas operaciones, si no en las supuestas irregularidades que presentan en común. La Policía, con los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) desplazados a Granada, tiene en su poder informes internos de algunos funcionarios que discrepaban de la actuación municipal en la mayoría de estas operaciones urbanísticas que tenían a un promotor en común, José Julián Romero, y que eran avaladas casi siempre por los mismos técnicos y jefes de Urbanismo. Incluso ha rescatado una denuncia de un trabajador municipal de hace varios años que fue archivada por la Fiscalía en la que ya se hablaba de los perjuicios económicos para la ciudad que se derivaban de la gestión de algunos planes parciales y otras promociones en áreas de reforma urbanas. El escrito, al que tuvo acceso Granada Hoy, ponía de relieve que habían aparecido "graves irregularidades en cuanto a la ausencia de avales e ingresos de los aprovechamientos urbanísticos municipales adjudicados y monetarizados en virtud de convenios o proyectos de reparcelación".

La denuncia de 2008 informaba también a la Fiscalía de supuestas represalias para los trabajadores que ponían de manifiesto estos problemas, lo que se une a las recientes acusaciones del propio ex director de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, que en su declaración como testigo por el Caso Serrallo informó a la juez de supuestas actuaciones políticas y de otros funcionarios para sacar adelante proyectos urbanísticos a espaldas de aquellos trabajadores que podían trabar su desarrollo con informes contrarios. También habló en aquella comparecencia -que fue uno de los detonantes en la investigación del Caso Nazarí- de esos supuestos perjuicios para la ciudad, como en el Plan Parcial de Casería de Montijo o en la operación del Palacio de Hielo.

La exconcejal de Urbanismo -que a su vez ha puesto una denuncia contra Jacobo de la Rosa, que fue su cargo de confianza- se quejó precisamente esta semana, a la salida de su declaración ante la juez, de estar siendo interrogada por asuntos que supuestamente no tienen que ver unos con otros. "Han juntado un montón de cosas inconexas y ahora están buscando la forma de conectarlas porque no tienen nada que ver", declaró Nieto a los medios en la puerta de los Juzgados.

Los investigadores, a través de informes y testimonios, han conectado similitudes entre los casos, sobre todos los que tienen en común a cada promotor. Muchos de esos puntos en común se desprenden de la lectura de expedientes municipales, sobre todo al constatar que los funcionarios señalados en la investigación son los que solían firmar los informes técnicos que desbloqueaban situaciones conflictivas.

La operación urbanística más reciente de las investigadas a José Julián Romero es la de Casería de Montijo, en la que el promotor consiguió la licencia de primera ocupación para sus viviendas sin haber realizado las obras completas de urbanización ni haber entregado a la ciudad los terrenos acondicionados para espacios libres. Para garantizar el coste de estas obligaciones no cumplidas entregó unos avales bancarios al Ayuntamiento que han resultado defectuosos para hacerlos efectivos.

El Servicio Jurídico del Ayuntamiento ya advirtió hace años de la insuficiencia de avales para cobrar en otros asuntos relacionados con este promotor. En el polémico plan parcial T1, conocido como Palacio de Hielo (porque se iba a hacer allí el proyecto estrella para la Universiada) el promotor ganó un pleito judicial por cuestiones de forma cuando el Ayuntamiento trató de reclamarle una deuda de 4 millones que aparecía como contraprestación en el convenio urbanístico firmado en 2005 entre ambas partes. Al final, se acordó que la ciudad cobraría la deuda a través de un pago en especie (una parte de un terreno) que, según se denunció después al Juzgado, sería perjudicial para los intereses municipales. En esta operación urbanística, de más de una década de tramitación, aparecieron muchos otros aspectos polémicos, como la reclamación por parte de la Abogacía del Estado de la titularidad de terrenos que se habían adjudicado el Ayuntamiento o los promotores.

Éste es otro punto en común con buena parte de las operaciones urbanísticas de este empresario en los últimos años. En el Plan Parcial I7, llamado Paraíso Industrial, y ubicado junto al cruce de la salida a la Carretera de Málaga con la Circunvalación, una vez aprobada la reparcelación de la zona, resultó que se había hecho contando con que algunos espacios propiedad del Ministerio de Fomento eran de titularidad privada. El Ayuntamiento tuvo que afrontar un contencioso del Estado y buscar la forma para su indemnización.

Otras veces han sido pequeños propietarios los perjudicados por esas apropiaciones irregulares de suelos, como en el caso del proyecto de Villa Pineda (junto al Estado de la Juventud, al otro lado del río). Las alegaciones de los perjudicados no fueron atendidas por el Ayuntamiento y éstos tuvieron que acudir al Juzgado Contencioso, que anuló aquel proyecto.

El caso donde esto se dio de forma más sangrante para los intereses municipales fue en el edificio Penta, también construido por las empresas de Julián Romero a la entrada de la Chana. El Ayuntamiento dejó al empresario dar más altura al bloque a cambio de la cesión de unos terrenos para espacios libres. Pero los suelos que aportó el promotor no eran suyos, si no de una serie de pequeños propietarios que durante años alertaron de ello a los responsables municipales, sin que la operación se detuviera a pesar de estar advertidos de que el suelo no era de quien decía ser. Al final esos titulares vendieron sus derechos a otro empresario que sí tuvo tiempo y recursos para irse al Juzgado y reclamar lo que ahora era suyo. La ciudad fue condenada a pagarle 13 millones de euros.

Los perjuicios que estas tramitaciones defectuosas han tenido para el municipio se asumieron mejor o peor durante la época de bonanza, pero los problemas importantes vinieron con la crisis y la llegada de sentencias de este tipo.