David contra Goliat, en Castell de Ferro

Francisco Miguel Fernández y su familia soñaban con pasar veranos azules en Castell de Ferro, un municipio costero tranquilo y lleno de encanto. En 2004, decidieron materializar su ilusión embarcándose en una aventura inmobiliaria que diez años después continúa. Su sueño se ha acabado convirtiendo en una batalla en la que, por las dimensiones del poder de quienes la libran, recuerda al pasaje bíblico protagonizado por David y Goliat.

La aventura inmobiliaria de Francisco Miguel consistió en adquirir una segunda vivienda en este rincón de la Costa granadina. Él y su mujer eligieron una urbanización que se iba a llamar Vela y Ancla, y que iba a ser construida por una promotora denominada Leonardo da Vinci. De entre los 44 pisos que se iban a levantar se decantaron por un bonito ático desde el que podrían ver el horizonte. Lo compraron sobre plano.

Pasaron los meses y su ilusión iba creciendo al mismo ritmo que los ladrillos del residencial. El ático costaba 135.000 euros y para poder hacer frente a los pagos de las cantidades que había que adelantar al promotor, Francisco Miguel acabó pidiendo una ampliación de la hipoteca de la vivienda en la que reside con su familia en un pueblo del Cinturón. Así, fue entregando sumas de forma periódica hasta llegar a abonar 95.246 euros a la promotora.

Todo parecía ir viento en popa y a toda vela. La entrega de llaves estaba prevista para 2008, pero la obra se demoró debido a que hubo que hacer nuevas cimentaciones para afianzar el edificio. A partir de entonces las cosas comenzaron a torcerse, a juicio de Francisco Miguel, por la "mala gestión" que llevó a cabo la promotora.

Cuando el residencial estaba ya prácticamente terminado -está ejecutado a un 98%-, Francisco Miguel descubrió que a la empresa "le empezaron a llover los embargos por impagos a los proveedores, y con tantos embargos lógicamente no se podían escriturar las viviendas", explica. Además, ante este panorama, el banco que había concedido al promotor el préstamo para construir (La CaixaBank), "cerró el grifo".

La situación se agravó con la crisis y derivó además en una suspensión de pagos a los trabajadores de la obra. Ante esta tempestad y antes de que el barco se hundiera, Francisco Miguel, asesorado por un empleado de la propia promotora, decidió escriturar. Así, acudió a un bufete de abogados (Torres Abogados) y logró poner el ático a su nombre. Lo hizo ante notario el 21 de febrero de 2011, con la asistencia y firma del promotor pero sin la presencia del representante de la entidad financiera, que no era, según Francisco Miguel, legalmente imprescindible.

Con esas escrituras en la mano, aunque sin llaves y sin licencia de primera ocupación, el afectado, "siguiendo - recalca- los pasos legales establecidos", se dirigió personalmente a la sucursal donde el promotor había obtenido el préstamo, para comunicar la adquisición del inmueble a fin de subrogarse a la hipoteca. Abrió incluso en esa oficina una cuenta en la que depositó 6.000 euros para que le fueran cargando los recibos mensuales. Pero la entidad, según afirma, nunca se los pasó. "Empezaron a pasar los días y no tenía respuesta por parte del banco", señala. Ya en abril, sus llamadas a la sucursal dieron fruto. El banco le indicó que no había notificado "oficialmente" a la entidad la compraventa de la vivienda. "Inmediatamente me fui a correos y presenté un burofax con acuse de recibo para poder cumplir con los derechos y obligaciones del crédito, pero a fecha de hoy nadie me ha dado una respuesta", apunta.

La promotora entró a continuación en concurso de acreedores y, a la preocupación ya existente por el laberinto legal que se generaba, se unió la inquietud de Francisco Miguel ante la situación en la que quedaba la urbanización, casi terminada, después de que todos 'abandonasen el barco'. El edificio, por sus ventanas, puertas, instalaciones eléctricas y sanitarios, era un botín al aire. Entonces, decidió animar a los demás propietarios de las viviendas -otras 33 familias con contratos de compraventa pero sin escrituras- a contratar entre todos los servicios de un vigilante de seguridad. De este modo, evitarían robos y actos vandálicos, y preservarían la construcción en la que un día anclaron sus ilusiones.

Los afectados se constituyeron incluso como asociación de propietarios y lo comunicaron a la entidad financiera, a fin de llegar a un acuerdo mutuo y salvar la situación. Sin embargo, según Francisco Miguel, que al final se ha quedado solo en la custodia del edificio, la entidad "jamás" ha querido negociar nada. "Siempre -indica- ha dicho que el edificio no era de ellos, que nosotros hiciéramos lo que estimásemos oportuno y que reclamásemos mediante el juzgado a la promotora".

Hace unas semanas, para colmo, se enteró de que el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por la entidad contra la promotora por el impago del préstamo hipotecario había desembocado en la subasta del residencial, incluido su ático. Ante ello, Francisco Miguel volvió a reaccionar con lucidez y comunicó al juzgado su condición de propietario, aportando todos los documentos que le acreditan como tal.

El órgano que conoce el asunto es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Motril, que actuó en consecuencia, paralizando la subasta de su ático, "que estaba prevista -precisa el afectado- para el pasado 2 de diciembre". Según los documentos facilitados a este diario, en una diligencia de ordenación, emitida el pasado 26 de noviembre, el juzgado acordó en concreto "la suspensión de la subasta respecto de la finca 9.112", que es la de Francisco Miguel, si bien le reclama, para poder intervenir en la ejecución que satisfaga "antes del remate el importe del crédito y los intereses y costas en la parte que esté asegurada con la hipoteca de su finca". Francisco Miguel ha recurrido esta decisión porque ha tratado de abonar las letras de la hipoteca desde que escrituró y no ha sido posible.

En cualquier caso, haber paralizado la subasta de su piso tras conseguir que se le reconozca como legítimo propietario ha sido una pequeña victoria que espera que se traduzca, algún día, en esos veranos azules soñados. Ahora, Francisco Miguel ha decidido hacer público su caso a través de este diario y de las sábanas que cuelgan desde hace unas semanas desde los balcones de Vela y Ancla para airear su desesperanza.

Este diario contactó con La Caixa para recabar su versión en este caso y la entidad se limitó a comunicar que no es titular ni propietaria del bien inmueble, por lo que no puede dar ningún tipo de solución al afectado hasta tanto no culmine el procedimiento judicial.