El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, comparecerá el próximo 8 de septiembre en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para exponer la situación que sufre el distrito Norte de esta capital andaluza debido a los reiterados cortes en el suministro eléctrico.

Esta comparecencia se produce después de que el Parlamento Europeo admitiera el pasado julio la petición de amparo formulada por Martín para impulsar una solución real a las continuas interrupciones de luz.

En declaraciones a EFE, el Defensor ha considerado este viernes "muy importante" que en Europa se trate la emergencia humanitaria en la que viven miles de familias en el distrito Norte, donde la situación se prologa desde hace casi quince años.

"La Unión Europea debe estar a la altura de sus valores y situar el problema de los cortes de luz donde le corresponde. Es una grandísima responsabilidad y un honor poder hablar en el Parlamento en nombre de tantas familias que viven sin luz pagando luz", ha indicado.

Marín ha recordado que, de acuerdo a los datos facilitados por las instituciones, la mayoría de vecinos del distrito están al corriente del pago (un 74 %), seguidos por un 24 % que se encuentra en pobreza energética y de un 2 % que se engloba en el apartado "Otros usos".

"Este dato es vital para no estigmatizar a todo un barrio por la actividad ilícita de unos cuantos. Es una causa difícil pero, si no somos capaces de solucionar esto, qué vamos a ser capaces de solventar", ha añadido el Defensor, dispuesto a "llamar a todas las puertas" en defensa de los derechos humanos vulnerados de muchas familias y vecinos del distrito.

El pasado febrero el Defensor de la Ciudadanía presentó ante el Parlamento comunitario un informe sobre vulneración de derechos humanos que sufren los vecinos de la zona Norte, al considerar que los cortes en el suministro eléctrico ponen en peligro la vida de miles de personas.

Entre otros aspectos, advertía de que la población de ese distrito se veía sumida en una "situación de desamparo" cuando el suministro eléctrico tanto en viviendas como escuelas, centros de mayores, centros de salud o alumbrado público no queda garantizado adecuadamente.

Asimismo, indicaba que las distintas administraciones públicas, aun mostrando voluntad política, han diluido en ocasiones sus respectivas responsabilidades aduciendo problemas competenciales y achacando exclusivamente la causa de los cortes de luz al cultivo ilegal de cannabis.

El Defensor recordaba que esta problemática ha sido puesta incluso en conocimiento de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Por todo ello, pedía el amparo del Parlamento Europeo para que, con carácter de urgencia, se pusieran en marcha los mecanismos de protección necesarios y se hicieran las intervenciones oportunas para terminar con esta situación.