El Defensor de la Ciudadanía de Granada ha advertido sobre una de las consecuencias que está teniendo el cierre de entidades bancarias en la provincia y el aumento de los trámites por internet debido a las medidas Covid. Y es que los mayores están sufriendo una exclusión financiera debido a la reducción de la atención personal en las oficinas. 

Por este motivo, Manuel Martín pide a las entidades financieras de la ciudad y provincia que faciliten distintos sistemas y métodos que permitan que el colectivo de personas mayores pueda realizar sus gestiones bancarias de modo presencial, un llamamiento que abarca también otras peticiones paraevitar este nuevo modo de exclusión, la exclusión financiera, derivado de la digitalización acelerada, el cierre de oficinas bancarias y la reducción de personal para atender a la ciudadanía.

"Aunque me consta que es un problema muy generalizado, sólo entre enero y abril de este año se han recibido en la oficina un total de 13 casos de exclusión financiera. La mayoría de problemáticas tienen que ver con la supresión de oficinas físicas en los barrios, que obliga a muchas personas a desplazarse a otras sucursales para sacar el dinero de la pensión o hacer otras transacciones. Esto implica además una serie de gestiones previas como buscar el teléfono de cita previa de la nueva sucursal, lograr contactar con esta, conseguir cita y adaptarse a ella".

Martín advierte que "en el mejor de los casos, la persona que cuenta con cita previa ha de someterse a una fecha, a un horario de atención presencial, que suele ser de no mas de dos horas y a una franja, casi siempre de 9:00 a 11:00 horas.  Así, para actualizar la libreta, para cobrar un dinero o para cualquieroperación, tienen que guardar cola a pie en la calle, algo que también se debería corregir o tomar en cuenta por parte de los bancos. Y junto a esta mejora, también sería deseable que las entidades financieras estudiaran la posibilidad de ampliar el abanico de gestiones presenciales a realizar por determinadas personas, pues hay bancos que no permiten hacer transferencias en caja, es decir, físicamente desde la sucursal con el apoyo de un profesional".

Según su escrito, lo más importante es que, si resulta obvio que los procedimientos para realizar trámites bancarios no son sencillos para una gran población de `no nativos digitales´; en el caso de muchos mayores que viven solos esta dificultad puede verse agravada dada la falta de ayuda personalizada para usar estas herramientas digitales cuando las oficinas están cerradas al público.

Y añade que hay otro asunto que se podría estudiar y tiene que ver con los cajeros automáticos. Si en un cajero una persona utiliza una tarjeta y se equivoca más de una vez al meter los códigos, la tarjeta quedainhabilitada por razones de seguridad. Dado que esto puede ocasionar a algunas personas mayores un pequeño descalabro económico y varias gestiones, llamadas e intentos hasta recuperar su tarjeta, sería deseable que, en estos casos, las entidades se dirigieran al afectado, es decir, que se anticiparan en resolver.

Comisiones

Uno de los apartados que habría que abordar, según el Defensor, en materia de posible exclusión financiera es el derivado de las comisiones que se cobran por mantenimiento de la cuenta, unos recargos que siendo legales, se aplican en gran número de casos sobre cuentas de personas que tienen domiciliados recibos con cargo a pensiones bajas o medias en muchos casos.

"En este apartado y para evitar que la persona afectada tenga que pagar por retirar su dinero, también sería deseable –como ya se ha dicho-, que hubiera cajeros próximos; y que las personas mayores –y en general, todos los usuarios-, supieran exactamente cuánto dura la gratuidad de una tarjeta o producto bancario, pues a veces sólo hay gratuidad el primer año, dejando de serlo en los años siguientes".

Tampoco parce lícito, aún resultando legal, imponer ciertas condiciones como tener un número de recibos determinado, o tener unos movimientos de tarjeta determinados, para no cobrar comisiones por adelantar el pago de la pensión.

"Por todo ello y para evitar la exclusión financiera y priorizar los derechos de los consumidores, se hace un llamamiento a las entidades financieras granadinas para que hagan compatible el proceso de digitalización posibilitando medidas para que el colectivo de mayores pueda aprovechar de modo paulatino todas las oportunidades que ofrece el nuevo entorno digital. Las entidades financieras deben hacerse cargo de la inclusión financiera digital de los mayores".