Denuncian en Fiscalía el suministro de agua no potable en Escóznar

Desde octubre de 2007 los vecinos de Escóznar, pedanía de Íllora, saben que no pueden beber agua del grifo. Fue en esta fecha cuando, de forma oficial, la Delegación Provincial de Salud declaró estas aguas no aptas para el consumo humano. Sin embargo, en este año y medio largo todavía no se ha solucionado el problema, según informa Ecologistas en Acción, que ha denunciado el hecho ante la Fiscalía.

Los ecologistas indicaron en un comunicado que a pesar de que el agua suministrada no es apta para el consumo por contaminación de nitratos, la empresa Gestagua "sigue cobrándola como potable".

La jefa del Servicio de Salud Pública de la Delegación, Isabel Marín, reconoció en un informe remitido a los ecologistas el día 2 de marzo y hecho ahora público por este colectivo, que el agua de la zona no es potable por "incumplimiento del nivel paramétrico para nitrato".

Según la asociación de defensa del medio ambiente, se pueden estar produciendo varios delitos si no se restablece el suministro de agua potable. En su informe, Marín recuerda la obligación del gestor -la empresa Gestagua- de suministrarla mientras tanto por otros medios, "como envasada o embotellada o mediante la puesta en marcha de otra captacion alternativa".

Los ecologistas sostienen que la empresa "nunca ha proporcionado este tipo de agua" y que está obligando a los vecinos que decidieron no pagar por los defectos del suministro a abonar los recibos "bajo amenaza de corte del agua y de cobro por vía de apremio".

La contaminación por nitratos en el agua, agregaron las mismas fuentes, puede ser muy perjudicial para la salud, especialmente en los niños -"constituye un peligro para los lactantes, a los que puede ocasionar metahemoglobinemia"- por lo que "existe un riesgo sanitario de consideración si se consume este agua suministrada como potable".

Dadas las circunstancias, los ecologistas han presentado una denuncia en Fiscalía por la posible comisión de un delito de estafa -al estar cobrando la empresa suministradora por un servicio que no presta-, otro contra la salud pública y un tercer delito por una presunta prevaricación por parte del Ayuntamiento de Íllora, que "es consciente de esta situación y no ha hecho nada por solucionarla".