Denuncian al alcalde de Atarfe por el cierre "arbitrario" del club del Cubillas

La asociación que tiene la concesión administrativa del club deportivo del embalse del Cubillas ha decidido llevar a los tribunales al alcalde de Atarfe, Tomás Ruiz, a una técnico municipal y al hostelero encargado este año de la explotación del bar del club por la clausura presuntamente irregular de las instalaciones.

La Asociación Cultural, Recreativa y Deportiva de Obras Públicas -ése es el nombre completo de la entidad cesionaria- asegura que con la clausura decretada se le impide poder legalizar las instalaciones, la cuales fueron precintadas pese a que "la mayor parte" no estaba en uso. Por eso ha formulado una denuncia que ayer mismo registró en los juzgados de la Caleta.

Según recoge dicho documento, fue el pasado mes de abril cuando la referida técnica del Ayuntamiento de Atarfe realizó una inspección a las instalaciones estando cerrado el acceso a los socios del club y "en exclusiva compañía de un agente del repetido Ayuntamiento". Allí examinó el lugar, tomó fotos y realizó un informe que, a juicio de los denunciantes, incurre "en irregularidades" y faltaría "a la verdad", al no precisar que el bar estaba cerrado desde noviembre y la piscina desde septiembre.

El informe en cuestión, al ser emitido "como si la actividad se estuviera realizando", originó, según la asociación "el inicio de un expediente de cese de la actividad", que ha culminado en una "arbitraria" resolución del alcalde, emitida el pasado 16 de junio y mediante la que ordena el cierre de las instalaciones.

Los denunciantes acusan al primer edil de adoptar dicha decisión "de modo absolutamente arbitrario y malicioso" y "a sabiendas del estado de no uso de la mayor parte de las instalaciones del club". Es más, sostienen que "aprovechó dicha coyuntura para, intencionadamente, convertir dicha situación en un mal uso susceptible de sanción, lo que hizo además con patente vulneración de la legislación aplicable a la materia". Y es que el club entiende que si se hubiera aplicado correctamente la normativa, podría haber procedido a la legalización "de las instalaciones que en su caso procediera".

La asociación denunciante tiene la concesión administrativa de la parcela, situada en el margen derecho del pantano desde 1990 y será cesionaria hasta 2015. En la actualidad, de las instalaciones en cuestión sólo se encontraban en uso la piscina, en época estival, y el embarcadero, que pertenece al MOPU. El resto llevaba tiempo sin utilizarse.

La denuncia se dirige también contra el empresario al que se le encomendó este año a través de un contrato, la explotación del bar-restaurante del club, que debía realizar una serie de mejoras y legalizaciones en el nombre del club para el buen funcionamiento del mismo. Según recoge la denuncia, el hostelero solicitó la financiación pública y privada necesaria para esas mejoras, pero para la financiación privada se le exigía que la concesión administrativa estuviera a su nombre, por lo que "ha venido compeliendo y presionando" al club "a fin de que le cediera la titularidad de la concesión de los terrenos en cuestión".

La asociación asegura que la inspección que ha dado lugar a la clausura fue el resultado de la reunión que el hostelero celebró con el alcalde el 23 de abril para legalizar las instalaciones. Sin embargo, de acuerdo con lo que alegan los denunciantes, aquel encuentro acabó con una "malintencionada solución": que la asociación renunciara al tiempo que le restaba de la concesión -cinco años- a favor del hostelero.

Y como la cesionaria se negó, "el alcalde amenazó con realizar una inspección" al efecto "de precintarlas", una supuesta "amenaza" finalmente cumplida en una época de máxima afluencia al club. El Ayuntamiento justifica la clausura por carecer "de la preceptiva licencia municipal de funcionamiento así como por incumplir lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el reglamento de la Calificación Ambiental. Este diario trató de contactar ayer sin éxito con Tomás Ruiz.