Los problemas derivados de la falta de personal de servicios y administración en los centros educativos de la provincia han sido una denuncia constante por parte de docentes, alumnos y familias desde el inicio del curso. La última la ha planteado la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), que ha interpuesto un recurso por la vía de lo contencioso administrativo contra la orden, "manifiestamente abusiva", del director del IES Luis Bueno Crespo, de Armilla, "para que los profesores controlen la puerta de acceso al centro, a pesar de tratarse de una atribución exclusiva de conserjes y ordenanzas". El colectivo señala que esta situación se da en el centro desde el inicio del curso y que, pese a las reclamaciones presentadas, la Delegación de Educación en Granada "guarda silencio".

"De nada ha valido el recurso presentado con carácter previo ante el titular de la Delegación territorial", Germán González, "que ha decidido guardar silencio y permitir que la flagrante ilegalidad se materialice, amparando semejante disparate", señalan desde la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía. Según la documentación facilitada por este sindicato, el pasado 6 de octubre se comunicó al claustro que los profesores que estuvieran de guardia debían acudir a la puerta de entrada del instituto entre clase y clase "para proceder a su apertura y controlar la entrada y salida de los alumnos" del centro. El 21 de octubre los profesores pidieron la revocación de la orden a la dirección, que contestó que "es responsabilidad del profesorado el control del alumnado del centro".

APIA afirma que el Jefe de Servicio de Gestión de Personal de la Delegación territorial señaló en un escrito dirigido al director del Luis Bueno Crespo que son los ordenanzas quienes deben "controlar el acceso o las salidas al centro", "como así ocurre en la generalidad de los centros docentes del mundo", añade el sindicato.

Para APIA, "en ningún caso la regulación legal de las tareas del profesorado de guardia contempla nada semejante a lo que pretende el director del instituto de Armilla, amparada por el silencio del delegado", y que a juicio del denunciante, "atenta directamente contra el derecho individual de los funcionarios públicos al desempeño efectivo de las funciones y tareas propias de su condición profesional" y al "respeto de su dignidad en el trabajo", derechos recogidos en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La Asociación también señala que la decisión de la dirección puede "revestir naturaleza penal relacionada con la usurpación de atribuciones".

Desde la Delegación territorial, en casos similares ocurridos en otros centros educativos a lo largo del curso, siempre se ha señalado que las carencias en las plantillas de personal de administración o servicios -como pueden ser limpiadoras, conserjes u ordenanzas- se deben a las limitaciones impuestas desde el Gobierno central a cuenta de la tasa de reposición. Este personal depende de Función Pública, no de Educación, por lo que únicamente se puede reponer el 10% de las bajas o vacantes que se produzcan en la plantilla de funcionarios de la Administración.