Los vecinos de la calle Obispo Hurtado se despertaron ayer con el ruido de los numerosos furgones policiales que se apostaron frente al edificio donde viven el alcalde, José Torres Hurtado, y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto. El 'follón' de la operación liderada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional también llegó a Gran Capitán, donde se encuentra la sede de la Gerencia de Urbanismo. A primera hora de la mañana, los agentes de la UDEF procedieron a la detención de Torres Hurtado y Nieto y al registro de sus viviendas, en el marco de una macrooperación contra la corrupción urbanística.

Según fuentes consultadas por este periódico, la Policía detuvo a otras 15 personas -entre ellas los empresarios granadinos Roberto García Arrabal, Enrique Legerén y José Julián Romero, y varios altos cargos de la Gerencia de Urbanismo- por su supuesta vinculación con la trama. Los detenidos están siendo investigados por la posible comisión de una decena de delitos: cohecho, fraude, asociación ilícita, estafa, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsedad, además de administración desleal y contra la ordenación del territorio.

Los arrestos se llevaron a cabo en el marco de una macrooperación policial en la que, asimismo, se efectuaron registros en las viviendas del primer edil y de la concejal, así como en las oficinas de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada, ubicadas en Gran Capitán, de donde los agentes de la UDEF sacaron varias cajas de documentación. Según fuentes consultadas por Europa Press, los agentes registraron también el despacho de la secretaria general del Ayuntamiento, Mercedes Domenech, en la Plaza del Carmen, también detenida en la operación. Entre los arrestados vinculados con Urbanismo, según ha podido saber este periódico, también se encuentran Manuel Lorente, ex jefe de servicio del área y actual director Técnico de Obras; Emilio Martín Herrrera, director general de Licencias; y el interventor del Ayuntamiento, Francisco Aguilera.

El revuelo entre los funcionarios fue máximo tras la llegada de varios furgones policiales a las sedes municipales. De hecho, los trabajadores públicos se encontraron una 'barrera' policial que les impidió acceder a sus puestos de trabajo, y los empleados de la Gerencia de Urbanismo fueron enviados a casa por los agentes. También los ciudadanos que transitaban por la calle Obispo Hurtado, donde se hallan las viviendas del regidor y la edil, permanecieron expectantes ante el cordón policial y el enorme despliegue de efectivos.

En total, según otras fuentes consultadas, hubo más de una veintena de registros policiales. A lo largo de la mañana, la Policía se personó en las oficinas de varias empresas, entre ellas la sede de García Arrabal, propiedad del promotor del centro comercial Serrallo Plaza que está actualmente siendo investigado en el denominado 'caso Serrallo' -al igual que Nieto- por un posible delito contra la ordenación del territorio. Según fuentes consultadas por este periódico, la Policía también acudió a las sedes de las empresas de los otros dos empresarios incluidos en la operación de la UDEF.

Al encontrarse el asunto bajo secreto de sumario, las fuentes oficiales apenas ofrecieron información al respecto. Tan solo que "la investigación se ordenó a instancias del Área de Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Granada", cuya fiscal delegada es Sara Muñoz-Cobo. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) remitió una nota de prensa a los medios precisando que el caso está en el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada.

El órgano, según el Alto Tribunal, llevó a cabo ayer "diligencias de investigación (entrada y registro) en distintos domicilios particulares, en sedes sociales y oficinas públicas y privadas de empresas vinculadas a esta ciudad, en virtud de dos querellas interpuestas por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada", al objeto de investigar la existencia de la trama supuestamente corrupta en el Ayuntamiento de Granada.

Las pesquisas se centran en el Área de Urbanismo, de ahí que salpiquen a algunos de los empresarios de la ciudad. Las investigaciones las realiza la UDEF central y el Grupo de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental y, según desveló en Madrid el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, el Ministerio Fiscal imputa al alcalde "siete delitos urbanísticos distintos en materia de recalificaciones irregulares y uso indebido del dominio público para fines particulares". Tras el registro de su vivienda, el alcalde fue trasladado a la sede del Consistorio pasadas las 11:00 horas. El vehículo en el que fue conducido hasta la Plaza del Carmen accedió por una puerta lateral al Ayuntamiento, algunas de cuyas dependencias, entre ellas las de Alcaldía y Secretaría, fueron igualmente registradas. Al menos cinco coches policiales se dieron cita en la céntrica plaza, despertando la lógica curiosidad de los transeúntes.

A las 12:55 horas, aproximadamente, Torres Hurtado salió del Ayuntamiento hacia la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, en la calle Palmita, en el mismo vehículo blanco con los colores tintados en el que llegó procedente de su vivienda. Su rostro fue cubierto con unos cartones, mientras que más de una decena de agentes formaban un cordón policial. Una vez en dependencias policiales, el alcalde prestó declaración en calidad de detenido hasta poco antes de las 14:00 horas, cuando salió en libertad con cargos y a la espera de su comparecencia en sede judicial el próximo 12 de mayo.

Se da la circunstancia de que el mismo juzgado que investiga esta supuesta trama de corrupción es el que lleva la investigación por presunta prevaricación urbanística -estas diligencias penales no están secretas y se encuentran muy avanzadas- del mencionado 'caso Serrallo'. En ese asunto se investiga la operación urbanística que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar en una zona donde inicialmente estaba previsto un parque de atracciones infantil, junto al Serrallo Plaza. En dicha causa figura asimismo como investigada -antes llamada imputada- la concejal de Urbanismo.

Nieto, que siempre ha defendido la legalidad de esa operación, fue citada inicialmente como testigo pero al final fue interrogada como investigada el pasado 10 de diciembre en la sede judicial de Caleta. Este caso también se inició tras una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y están implicados varios altos cargos de Urbanismo.

En todo caso, fuentes de la investigación informaron ayer a Efe de que la causa no se circunscribe de forma exclusiva al conocido caso, sino que algunas de las irregularidades investigadas irían más allá de esa actuación urbanística y estarían relacionadas con la recalificación de terrenos, que multiplicaba su valor y favorecería así a determinadas empresas.

Todas las personas investigadas a las que la Policía ha dejado en libertad, serán citadas para prestar declaración en sede judicial en los próximos días.