La Diputación acusa a la Junta de pagar sólo "a golpe de denuncia"

La diputada de Economía de la Diputación de Granada, Inmaculada Hernández (PP), exigió ayer a la Junta de Andalucía el ingreso de los cinco millones de euros que adeuda a la institución provincial y que le corresponden por la Ley de Dependencia, después de que el pasado 1 de mayo ingresara "en día festivo, a escondidas y a la una de la madrugada" el segundo de los plazos previstos con el único fin de que "la delegada del Gobierno pueda salir diciendo que nos ha pagado la Dependencia".

La diputada provincial recordó que el pago se produjo después de que así lo solicitara ante los medios de comunicación, por lo que censuró que la política de pagos de la Junta venga "marcadas a golpes de rueda de prensa".

"Si es así como funciona, que no se preocupen los ciudadanos de Granada que esta diputada estará a diario dando ruedas de prensa si hace falta para cobrar los más de 20 millones que nos siguen adeudando", añadió Hernández quien espera que no vuelva a ocurrir lo mismo con los cinco millones correspondientes a la Ley de Dependencia.

Criticó también el modelo asentado de "deslealtad institucional de la Junta de Andalucía para con la Diputación de Granada, basado en el sectarismo y la parálisis" en lo referente a pagos.

"Como parece que actúan a golpe de denuncia pública, le reclamamos ya los cinco millones de euros del primer semestre cuyo vencimiento es el 30 de junio", enfatizó la responsable de Economía, quien recordó que "nos retuvieron de forma improcedente el dinero que nos manda cada mes el Gobierno central en concepto de participación de los ingresos del Estado por un importe de 8 millones, alegando una deuda de 200.000 euros que era totalmente inexistente, como quedó acreditado". Este dinero fue abonado el mes pasado diez días después de la correspondiente rueda de prensa para explicar la situación.

"La Junta sigue maltratando a la provincia y sigue incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones tributarias" lo cual Inmaculada Hernández calificó como "cuanto menos reprobable" ya que la Administración autonómica "debería de dar ejemplo y no solo exprimir a los ciudadanos andaluces" sino también "tributar cuando le toca a ella y es el sujeto pasivo del impuesto".

Así, especificó que los distintos inmuebles que las delegaciones de las consejerías tienen por la provincia no pagan impuestos -solo del año 2011 se deben 8 millones de euros- y se adeudan también 4 millones de euros procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales, sobre todo pantanos que están en términos municipales de localidades pequeñas, que tienen ahí una de sus más importantes vías de recaudación.