La Audiencia Nacional ha condenado a 12 años de cárcel a Antonio Sáez Martínez, un granadino de 48 años, por pertenecer y liderar la célula terrorista radical yihadista que planeaba una oleada de atentados en Cataluña y propuso decapitar a una víctima "infiel" para luego difundir el vídeo por internet.

Este hombre nacido en Granada, que se habría convertido al islam en 2012, regentaba una peluquería en Barberá del Vallés (Barcelona), donde organizó reuniones "destinadas a la formación de los asistentes en los principios del yihad violento, su posterior compromiso en los principios de la Ley Islámica y su reclutamiento como miembro integrante del Daesh con objeto bien de desplazarse para combatir en Siria o Irak o, alternativamente, perpetrar un atentado en Cataluña en nombre de la citada organización terrorista", según consta en la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Fue muy relevante, por tanto, su actuación como reclutador de radicales, para lo que llegó a distribuir manuales de Al Qaeda y escribir sus propias instrucciones, documentos que constan en el sumario.

Celebraban reuniones en la peluquería, donde Antonio les alentaba a cometer atentadosPropuso ejecutar a un "infiel" con un mono naranja y subir el vídeo grabado a las redes

En la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, se refleja el contenido de los informes policiales del registro de su vivienda, en Sabadell. Allí se halló una hoja de libreta manuscrita en la que aparecen detalladamente las instrucciones de fabricación de artefactos explosivos caseros.

Antonio Sáez ha sido condenado junto a otros 9 miembros de esa célula yihadista de Terrasa, que fue desarticulada en 2015 en la conocida Operación Caronte, una de las más importantes llevadas a cabo, pues se estima que pudieron evitarse importantes atentados que ese grupo estaba planeando, sobre todo bajo las órdenes de Antonio Sáez.

El granadino, que se hacía llamar Aali, ha recibido una de las condenas más altas, al ser considerado uno de los tres líderes del grupo, que ya estaban trabajando en la selección de objetivos para realizar atentados encaminados a sembrar el pánico y causar muertes. Tomaron fotografías de posibles lugares que atacar, como el Parlament catalán o edificios policiales.

La Sala considera probado que fue el granadino Antonio quien propuso e insistía en la estrategia de llevar a cabo atentados en territorio español. Después de haber pensado en esos posibles objetivos en Barcelona, que fueron fotografiados por otros miembros del grupo, en una reunión celebrada en marzo de 2015, Antonio les comentó que "quizás podía tener más repercusión otro tipo de actuación" y fue cuando les expuso la idea que tenía en mente.

Según declaró uno de los participantes en aquellas reuniones, que en realidad era un infiltrado, el yihadista granadino les preguntó "si estaban dispuestos a ejecutar a un infiel (kafir)", porque él si estaba preparado para hacerlo. "Les hizo saber que ya había escogido a la persona y que conocía sus detalles", aunque cuando el resto consintió en colaborar le preguntaron "si era un banquero o un judío" sin obtener respuesta. Consta que antes de aquel episodio había propuesto secuestrar a la directora de una sucursal bancaria concreta para obtener dinero para su causa.

Pero ahora se trataba de dar un paso más, porque su idea era causarle la muerte al retenido. Según el relato de hechos que se considera probado en la sentencia, Antonio les explicó que habría que "prepararlo bien": les dijo que "vestirían a la persona con un mono naranja, le colocarían en una habitación oscura, imitando las ejecuciones que realiza el Daesh, grabarían la escena y después la publicarían en youtube o en las redes sociales, de modo que mientras se averiguaba lo ocurrido les daría tiempo a huir a Siria".

Fue esta reunión el detonante que aceleró la intervención policial después de meses de seguimiento bajo la supervisión judicial. El 8 de abril de 2015 se llevó a cabo la Operación Caronte, con la detención de este grupo de diez personas y los registros policiales en los que se halló mucha documentación e instrucciones para fabricar explosivos.

En la sentencia, de 198 páginas, la Sala considera que constituyeron una célula "con la única finalidad y motivo de cumplir y servir los postulados señalados por el Daesh, atentos para llevar a cabo en cualquier momento un ataque contra instituciones como la Policía, entidades bancarias o intereses judíos asentados en España".