La especulación, la amenaza de destrucción de un barrio histórico, el derecho constitucional a una vivienda digna y los últimos casos de asustaviejas que se recuerdan son algunos de los asuntos que en la mañana de ayer iban y venían por la albaicinera calle Zenete.

Allí, un grupo de doscientas personas entre indignados del 15-M y vecinos de la zona se concentraron desde las once de la mañana para impedir el desahucio de Clara Martínez, la penúltima vecina  que queda en la Casa del Aire. Y a juzgar por el resultado consiguieron su objetivo. Una victoria que, aunque simbólica, llenó de alegría a todos los concentrados.

El desalojo estaba previsto a las doce y media, tal y como había notificado a la inquilina el Juzgado de Primera Instancia número 18. Sin embargo, una pareja de policías nacionales llegó al lugar una hora antes y aseguró que no intervendrían. Y es que, una orden del juzgado había abortado el dispositivo policial, posiblemente ante la alta participación de ciudadanos aunque las fuentes judiciales consultadas no han podido precisar los motivos.

La protesta de indignados que tuvo lugar el pasado martes frente a la Gerencia de Urbanismo calentó motores y a buen seguro sirvió de efecto llamada para que ayer se cuatruplicaran los jóvenes que decidieron sumarse a esta causa. Bajo el grito de "este desahucio lo vamos a parar" y de forma pacífica, los concentrados escucharon con atención y aplaudieron un manifiesto aprobado por la Asamblea General del movimiento en apoyo a los vecinos de la Casa del Aire y contra la especulación urbanística que, según dijeron, "hace estragos en el barrio del Albacín" a través de lo que muchos de los que luchan contra ella no dudan en llamar "plaga inmobiliaria".

Clara Martínez explicó que tras 22 años viviendo en el piso se siente "como cualquier vecino al que de pronto le quitan la base más necesaria de su vida: su casa". Tal y como recuerda, antes eran doce los vecinos que vivían en el inmueble, si bien las inmobiliarias "los han ido echando poco a poco" y ahora sólo queda ella y su vecino Manuel Prieto, que cuenta con contrato de alquiler indefinido y, por lo tanto, no abandonará su vivienda.  Pero la situación de Clara es bien distinta.

A ella le cumplió el contrato y, tras una larga batalla judicial con  la inmobiliaria Edivara-Varasol pudo seguir pagando el alquiler de renta antigua (166 euros) y evitar que la echaran por impago. Pero finalmente le llegó la temida orden judicial de desahucio si bien, tras lo ocurrido ayer, de momento puede cantar victoria.

"Desde que entraron las inmobiliarias aquí han hecho todo lo posible por desalojarnos con amenazas de ruina, con acoso y con cortes de suministro. Cuando llegó la inmobiliaria no nos recogía el pago del alquiler para echarnos por impago y tuvimos que ir a los juzgados", explica la inquilina.

Clara asegura que la inmobiliaria tramitó solicitudes de estado de ruina de la casa que los propios vecinos tuvieron que rebatir a nivel administrativo y judicial hasta que lograron que la casa se declarara como un edificio con necesidad de rehabilitación pero sin estar en un estado ruinoso.

Sin embargo, lo peor estaba por venir: "Nos han ido toreando y han evitado poner dinero en esta casa porque lo único que quieren es que nos vayamos los vecinos que estamos aquí, que somos los testigos de la destrucción que están haciendo en el edificio para que puedan conseguir definitivamente provocarle la ruina".

Y todo ello, en su opinión, con el único objetivo de especular, ya que la inmobiliaria compró el edificio a bajo precio con vecinos dentro y "al ver que no podían tirarlo y hacer algo lo pusieron en venta en verano del año pasado", extremo que tampoco han podido llevar a cabo.

Basta quedarse en el patio del edificio para comprobar las pésimas condiciones en las que se encuentra debido a la falta de mantenimiento. Así, el patio de vecinos en el que Manuel Prieto recuerda sus buenos ratos con el resto de vecinos está apuntalado y lleno de cascotes. Además, la escalera está sin luz y en unas condiciones indignas, mientras que las ventanas están abiertas para que el inmueble se deteriore aún más.

El vecino, que se quedará solo si finalmente Clara recibe otra notificación del juzgado, relata que la Audiencia Provincial le dio la razón y, por lo tanto, la inmobiliaria ha tenido que reconocer su contrato indefinido de renta antigua por el que paga 88 euros mensuales. Por eso, a estas alturas, no pueden echarle. "Me quedaré solo pero así no podré vivir porque si salgo y entran los dueños no sé qué pueden hacer", aseguraba.

Tras la exitosa protesta de ayer, el grupo de desahucios del movimiento 15-M tiene previsto reunirse esta noche a las 21:00 horas en la Plaza del Carmen.