El alcalde de Granada defiende que actuó con "total transparencia" en los contratos para la inspección de los cursos

El alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca Rodríguez, ha asegurado este lunes que siempre actuó con “total transparencia” y siguiendo las “instrucciones de la dirección general” en su etapa como delegado de Economía de la Junta de Andalucía en Granada, en relación con su citación en calidad de investigado por el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana, que investiga si el entonces delegado usurpó las funciones de los funcionarios que por ley tenían atribuida la realización de las inspecciones para cursos de formación en Economía Social.

El regidor granadino, que ha declarado ante el juez por espacio de una media hora, ha defendido por completo su actuación al afirmar que “siempre ha actuado con total transparencia” y cumpliendo en el caso de las contrataciones las “instrucciones” que recibía de la dirección general de la Consejería “con el objeto de hacer un seguimiento de una serie de acciones formativas, de jornadas en las que había que hacer un seguimiento para ir comprobando no sólo que esté el espacio, las condiciones del sitio su desarrollo sino también la asistencia”.

Francisco Cuenca, que confía en el archivo de esta denuncia, ha recordado que se trata de contratos menores, de menos de 12.000 euros, que entendió “ajustado y contaba con los informes preceptivos y las instrucciones de la dirección general y de la jefatura de Servicio”, por lo que se limitó a tramitarlo. “Es el único papel mío. ¿Donde están aquí los motivos para poner en cuestión mi honorabilidad y honestidad?”, se preguntó.

Preguntado por si esos contratos con empresas privadas se realizaron de manera correcta, Francisco Cuenca ha insistido en que está “convencido” de ello y ha añadido que este asunto versa sobre cuestiones “meramente administrativas”. “Aquí no hay nada de corrupción, no se está cuestionando el buen uso del dinero público ni se ha perdido dinero, ni nadie ha metido la mano”, ha precisado Francisco Cuenca, que ha agregado que “no hay nada de corrupción, sino sólo una cuestión que defiende un sindicato de funcionarios, que están en su derecho”.

El alcalde ha explicado que “todo se hizo en regla y como tiene que hacerse”, por lo que mostró su deseo en declarar lo antes posible y “volverse a Granada a seguir luchando por cambiar mi Ayuntamiento, por cambiar Granada y mejorar Granada”.

Al término de la comparecencia se ha mostrado más sorprendido por su imputación en esta investigación. “Me vuelvo a ratificar en que no sé todavía qué hago yo aquí, no sé sinceramente cómo los delegados que sólo tienen un papel que verifica unas instrucciones de las direcciones generales y una tramitación de órganos técnicos de alguna manera nos lleva a pensar que es una cuestión casi administrativa, de haber contratado a una consultora y entiende un sindicato que tenía esa tarea haberlo hecho ellos”, ha precisado.

Por todo ello, se ha mostrado “convencido” de que esta causa judicial “se archivará”, como ha ocurrido en otros juzgados donde se investigaron denuncias similares. “Me cuesta trabajo entender cuál es el motivo de por qué vengo a Sevilla a este tipo de instrucción. Imagínese si además conozco que en algunos casos se ha archivado previamente”, por lo que pidió que la instrucción “se resuelva lo antes posible” y mostró su confianza en el archivo.

Uso "torticero" de la denuncia

Lo que sí ha solicitado el alcalde de Granada es que no se haga un “uso torticero” de la denuncia y de su imputación, porque esto “no tiene nada que ver con los procedimientos de los cursos de formación que tanto recorrido han tenido y han dañado la imagen de mucha gente y también por procedimientos que están en duda”. El alcalde ha señalado que “se ha hablado de la vinculación intencionadamente por algún partido político”, pero ha reiterado que en esta denuncia “no se está poniendo en duda el buen uso de los fondos públicos, para nada, aquí se está hablando de si tenía que haberlo hecho una persona u otra”.

La investigación se abrió en 2013 y se centra sobre una serie de contratos privados a particulares para que éstos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social. En octubre pasado, el instructor amplió la imputación a otras diez personas, entre ellas el alcalde Granada y otros tantos cargos de la Consejería de Economía en las ocho provincias andaluzas. Junto al alcalde, ha declarado también hoy Ana María Barbeito Carrasco, que fue directora general de Economía Social y Emprendedores de la Junta y que con anterioridad ya había prestado declaración como investigada.

El auto del magistrado en el que acordó estas imputaciones es rotundo y reprocha con dureza la actuación del alcalde de Granada, Francisco Cuenca Rodríguez, cuando era delegado provincial de la Consejería de Economía en Granada. El juez José Ignacio Vilaplana, que investiga la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) por delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación de caudales públicos, considera que el regidor granadino habría efectuado la "ilícita contratación" de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los cursos de formación profesional para la Economía Social en esa provincia durante los ejercicios 2010 y 2011, y atribuyendo "de forma injusta y arbitraria" las funciones públicas a las empresas contratistas.

En el auto dictado el pasado 21 de octubre, el juez explica que Francisco Cuenca llevó a cabo la "adjudicación directa" de los servicios a través de sendas "memorias justificativas" y articulados como un contrato menor de servicio, en los que "no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados, sin que conste como tal el contrato administrativo, concertándose ambos de manera fraccionada y consecutiva" por valor de 12.412 euros (IVA incluido) el contrato de 2010 a la empresa Eca Grupo Bureau Veritas y por 12.000 euros el de 2011 a la entidad CRL Consultores y Asesores Asociados SCA.

Contratación “injusta y arbitraria”

El instructor entiende que el alcalde atribuyó la "detentación de funciones públicas" a estas empresas contratistas "de forma injusta y arbitraria", y añade que esa "detentación se habría materializado en el empleo de documentación administrativa consistente en modelos de actas e informes oficiales, posteriormente presentados ante la Administración por las entidades contratistas en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas".

En esta investigación, que se inició en 2013, figuraban hasta ahora siete personas como investigadas, pero con el nuevo auto el juez ha elevado a 17 el número de imputados, que han declarado entre los meses de noviembre y diciembre.

El juez José Ignacio Vilaplana pone de manifiesto la presunta ilegalidad en la que habrían incurrido los cargos ahora investigados, por cuanto de las investigaciones se desprende que desde "distintos organismos centrales y provinciales dependientes de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta habrían procedido a la contratación de servicios para realizar labores de seguimiento, control e inspección de los cursos de formación ocupacional en Economía Social", contratando a personas físicas y jurídicas pese a que la ejecución de las mismas formaría parte de las "potestades reservadas por el ordenamiento jurídico a los funcionarios públicos", tal y como denunció el SAF.

El juez insiste en que "de forma injusta y arbitraria" se atribuyó a los contratistas la "detentación de funciones públicas", funciones que la ley atribuye -con carácter exclusivo y excluyente- a los funcionarios.