La Consejería de Educación investigará una nueva denuncia presentada por los herederos del tercer propietario del colegio San Isidoro por presuntas irregularidades cometidas en los cursos posteriores que siguieron al ejercicio educativo 2004-2005 en el que la gestión de los dos directores y copropietarios del centro privado-concertado, José Manuel y Antonio Molina Galdeano, les llevará a sentarse en el banquillo como imputados por un presunto delito de falsedad y estafa.

La decisión de la consejera de Educación, Cándida Martínez, se produce después de que la Administración autonómica multase en 2007 a los dos copropietarios con 125.252 euros por cometer cinco infracciones de carácter grave, relacionados con alteraciones en el censo escolar y el trabajo realizado por los docentes, y le aparecibiese por una falta leve.

Se trata de la vía administrativa, pero no la única abierta por los herederos del tercer propietario, Luis Molina, que también presentaron una querella, admitida a a trámite en noviembre por el Juzgado número 2 de Instrucción al detectar presuntos delitos de falsedad en documento público, estafa, fraude en subvención pública y apropiación indebida de beneficios correspondientes a la empresa. Ya la Audiencia Provincial detectó irregularidades en la contabilidad del centro.