La empresa de suministro de energía eléctrica Endesa ha incrementado en el pasado año un 23% los beneficiarios de bono social en Granada respecto a 2022, con un total de 34.000 hogares granadinos clientes de esta empresa que cuentan con esta ayuda, que reduce entre un 40 y un 80% la factura de la luz sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).

Para promover el bono social, Endesa realiza asesoramiento proactivo a organismos e instituciones con el objetivo de llegar a todas las entidades cercanas al consumidor final e informarles de la existencia de la ayuda, los cambios normativos y cómo solicitarlo.

En 2023 se hicieron actuaciones de asesoramiento a asociaciones, gobiernos autonómicos, ayuntamientos o servicios sociales, entre otros, y este año la compañía sigue la misma senda para instar a todas las personas que crean que pueden beneficiarse del bono social a solicitarlo.

El paso del coronavirus y la crisis energética llevó a la administración a impulsar medidas extraordinarias para paliar los efectos sobre los hogares más vulnerables, que estarán vigentes hasta el 30 de junio del 2024, impulsando también así el crecimiento de los beneficiarios del bono social, que se ha visto reforzado por las renovaciones automáticas desde que entró en vigor el Real Decreto Ley 6/2022.

Además, durante todo 2024, los vulnerables severos tienen un IVA de electricidad del 10 por ciento, independientemente del precio del mercado. En un año Endesa ha sumado 6.000 clientes granadinos beneficiarios del bono social.

En datos

Del total de hogares beneficiados con bono social a cierre de 2023, según los criterios y descuentos que establece la normativa nacional, alrededor de 15.000 son familias vulnerables ya cuentan con una rebaja del 65% en su factura de consumo eléctrico (o del 40% si tienen el bono temporal de justicia energética), mientras que más de 19.000 son vulnerables severas y se benefician de una reducción en factura del 80%. Dichos descuentos estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2024.

En cuanto a su tipología, el 69% son personas en situación de vulnerabilidad según criterio de renta, el 20% son familias numerosas, el siete por ciento son pensionistas, el uno por ciento son beneficiarios del ingreso mínimo vital y el tres por ciento hogares con bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética.

En la comunidad andaluza, a cierre de 2023 son 280.000 clientes adheridos al bono social, 49.000 más que a final de 2022. De estos, más de 124.000 son familias vulnerables, mientras que cerca de 156.000 son vulnerables severas.