Estudiantes de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Granada han convocado para  este jueves varios actos en protesta por lo que consideran un presunto caso de "mala praxis" de un profesor universitario. Representantes de estos estudiantes han llevado el caso a la Inspección de Servicios de la UGR, ante la que han denunciado que el docente supuestamente actúa con "falta de transparencia y arbitrariedad", lo que conlleva "graves consecuencias académicas y económicas par el 90% del alumnado que cursa su asignatura". Así, indican que hay quien ha decidido incluso realizar la asignatura que imparte este docente en otra universidad. El número de estudiantes afectados, aseguran, se reparte entre distintas promociones de varias carreras. "No se trata de un caso aislado, sino que se produce esta situación año tras año", alegan en el escrito presentado ante la Inspección.

En este documento, con sello en el Registro General de la UGR, los estudiantes señalan que el profesor "ha negado el derecho a examen a mas del 50% del alumnado", según alegan. Asimismo, justifican su denuncia ante el órgano universitario por presuntamente negar el "derecho de revisión de examen" o entregar las calificaciones fuera de plazo. Critican, además, que el profesor es autor de supuestos "comentarios abusivos y de índole machista", además de negarse, según la queja registrada, a activar el protocolo previsto para casos Covid en el estudiantado durante el periodo de evaluación. En este punto destacan que el examen de la materia ha sido presencial pese a la situación generada por el coronavirus.

Por ello, los estudiantes han convocado para este jueves una concentración por la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Indican que, además, han solicitado permiso a Subdelegación de Gobierno para protestar fuera del centro. En la movilización prevista y en la pegada de carteles que prevén hacer tanto por la mañana como por la tarde indican que mantendrán las medidas de seguridad impuestas por la pandemia.

La queja ante la Inspección de Servicios fue interpuesta el pasado día 11 de febrero como un paso más dentro de la cadena de acciones que llevan a cabo el colectivo de estudiantes. Estos ya han transmitido sus quejas tano a la rectora, Pilar Aranda, por correo electrónico, como a los equipos decanal de la Facultad y del departamento al que pertenece el profesor. Ante la Inspección alegan que "no ha habido actuaciones por parte de la dirección" del centro universitario. "No se trata de un caso aislado, sino que se produce esta situación año tras año".

Por ello, reclaman una "investigación que subsane la situación" que se da con este docente en la impartición de la asignatura en la que están matriculados y, además, se "solicita la revisión general mediante tribunal de los exámenes de la convocatoria de enero de 2021 de la asignatura".

Ante el responsable del departamento de la asignatura que imparte este profesor los estudiantes han denunciado la "grabación de sesiones indebidamente" sin informar sobre la ley de protección de datos, la obligación de usar la cámara por parte de los matriculados en las sesiones online y la dilación en el proceso de revisión de exámenes. Además, en el escrito remitido al jefe del departamento se le señala que se han cambiado calificaciones "sin justificación alguna". 

Por parte de la Universidad de Granada se señaló que "la actuación de la Inspección es reservada". Sí se confirmó que este docente ha sido sancionado mediante resolución de la rectora con una suspensión de empleo y sueldo de quince días, periodo de sanción que se desarrollará a primeros del mes de marzo. Desde la UGR se indicó que estos quince días de suspensión corresponden a un caso anterior, no relacionado con la queja que ahora han llevado los estudiantes ante la Inspección.