Familias de Granada han recurrido al juez contra las medidas impuestas contra el Covid-19 en los centros educativos donde estudian sus hijas. Una de estas familias ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al entender que se vulneran derechos fundamentales en la aplicación de estas medidas.

Todos los centros educativos, los 867 de Granada, aplican este curso prácticamente las mismas medidas anticovid que permitieron la reapertura de las aulas el pasado año, a pesar de que en otros ámbitos -como el ocio o la hostelería- se han suavizado las medidas conforme se ha controlado la pandemia a golpe de vacunación. Así, en los colegios es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento a partir de los 6 años, también en los patios. Algunos centros de Granada también incluyen entre las medidas anticovid que los menores de 6 años hagan uso de las mascarillas en los espacios comunes. Además, los escolares se mantienen en grupos denominados burbuja, para limitar las interacciones. La distancia social sí se modificó de 1,5 metros a 1,2.

Además de este recurso en el TSJA, otra familia ha llevado su caso al juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Granada. También va contra las "actuaciones constitutivas de vía de hecho en el colegio en el que se encuentra escolarizada su hija relativas a la aplicación de medidas de prevención establecidas por la autoridad sanitaria". La Consejería de Educación y Deporte ha resuelto el anuncio de la interposición de estos recursos, para que la notificación "sirva de emplazamiento a cuantas personas aparezcan como interesadas en él, a fin de que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días", indica las resoluciones firmadas por la delegada de Educación y Deporte en Granada, Ana Berrocal.

El pasado mes de septiembre, la negativa de una familia de Granada a que su hija hiciera uso de la mascarilla supuso que la menor no pudiera entrar en su centro desde el 24 de septiembre hasta que los padres no acreditaron que no podía emplear la protección facial por estar contraindicado por un facultativo. Los días en los que la familia no aportó esa documentación médica la niña no pudo entrar en el colegio, lo que supuso que se abriera el protocolo de absentismo por parte del colegio y que la Policía Local pusiera en conocimiento de la Fiscalía los hechos.

En aquel momento, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, indicó que se habían dado un par de casos similares. Entonces, Imbroda aseguró en declaraciones recogidas por Europa Press que ls familias "tienen que cumplir con las normas -para frenar el Covid-, no hay más, y si no cumplen, que se atengan a las consecuencias, que quede bien claro". 

El caso llegó a los juzgados. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a finales de septiembre la apertura de expediente de protección de riesgo con respecto a la menor. En este sentido, se anunció que se iba a deducir testimonio al juzgado de instrucción de guardia para depurar responsabilidades en las que pudiera incurrir el padre, por un posible delito de abandono de menores al impedirse el ejercicio del derecho de su hija a asistir al colegio.