Que la gestión del agua ha pasado a ser un asunto prioritario en la extraña agenda de este 2022 es un hecho. La creación de nuevas infraestructuras ya forma parte del pliego de necesidades que las administraciones tienen siempre a punto, y, por debajo, se constata también la obligación de mantener con mayor celo los recursos (cada vez más mermados) con los que se cuenta. En este punto, desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), hace prácticamente un año -cuando se declaró la situación excepcional de sequía en la cuenca- se incluyó entre las medidas el aumento de la vigilancia y control de la Comisaría de Aguas y del Servicio de Explotación para evitar detracciones de caudal para riegos. Se trata de un asunto muy delicado y sobre el que se ha puesto el acento en los últimos meses. El razonamiento es lógico. Si queda poca agua, tan importante es hacer un buen uso de ella como evitar posibles prácticas fraudulentas.

En este cometido se empeña la Confederación a lo largo de toda la cuenca, que incluye la provincia de Granada salvo la franja costera, dependiente de la Junta de Andalucía, con casos que incluso finalizan en el juzgado. Así, en la Memoria del ejercicio de 2021 de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla se recogen actuaciones que, precisamente, ponen el foco en la existencia de pozos ilegales. Se trata de sondeos que se han realizado sin que mediaran las necesarias tramitaciones y que suponen un riesgo medioambiental, además de suponer un problema para las administraciones públicas que deben gestionar el agua.

Es la primera vez que en las memorias anuales de la Fiscalía de Granada se reseña precisamente este tipo de delito -en el apartado dedicado a Medio Ambiente y Urbanismo- como "casos especiales". El que la lucha contra los pozos ilegales aparezca ahora destacada en el último informe anual implica que estas actuaciones contra los sondeos se consideran más relevantes. Además, la cuestión de los pozos ilegales toma el testigo de cuestiones que en las últimas memorias aparecían de forma fija en este mismo epígrafe dedicado a delitos medioambientales, como han sido, año tras año, los vertidos sin depurar.

Así, la última memoria, hecha pública recientemente, se recoge la querella interpuesta contra una persona que abrió cuatro pozos para la extracción de agua subterránea sin concesión de uso de agua pública ni autorización. Además de este caso, desde la Fiscalía de Granada se interpuso otra querella por la construcción de una balsa de tierra y la perforación clandestina de un pozo. Éste, según se señala por parte del Ministerio Público, se emplearía en la extracción de aguas subterráneas, lo que, según explica la Fiscalía de Granada en su informe anual sobre 2021, "pueden causar daños a la calidad del suelo, las aguas, los animales o plantas o perjudicar el equilibrio de los sistemas naturales". Además, para redondear este caso se determina que "las construcciones se han realizado en suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial, sin licencia y sin solicitar las autorizaciones sectoriales". 

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se apuntó en respuesta parlamentaria sobre los casos de pozos ilegales en la zona del Altiplano de Granada que se es "consciente de la proliferación de captaciones irregulares en los últimos años", por lo que se han aplicado "técnicas de teledetección" para determinar junto con otras herramientas "posibles superficies con riego irregular". "Algunas de las parcelas detectadas ya han sido objeto de procedimientos sancionadores recientes en los que se han resuelto la imposición de sanciones y obligación de indemnizar los daños al dominio público hidráulico", especificó la pasada primavera el Ministerio, que apostilló que "en los últimos dos años han sido resueltos procedimientos sancionadores por el riego no autorizado de 495 hectáreas, principalmente de almendros y pistacho".

De hecho, la existencia de pozos ilegales en Granada es un hecho objeto de sanciones por parte de la Administración desde hace años. Así, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir abrió entre 2017 y 2018 un total de 102 expedientes por captaciones, de los que 96 se catalogaron como leves, cuatro menos graves y dos, graves. Las sanciones leves suponen una multa de 10.000 euros; las menos graves implican sanción de entre 10.000,01 y 50.000 euros. Las graves, informa la CHG, conllevan entre 50.000,01 y 500.000 euros.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) mantiene una estrecha relación con el Seprona, el equipo de la Guardia Civil encargado de la protección de la flora, fauna y los recursos naturales. Éste es el medio por el que se detecta la mayoría de las infracciones en la provincia. Otras veces el Ministerio el que denuncia la irregularidad, y en otras ocasiones la llamada de alerta procede de particulares afectados por conductas que les perjudican directamente, ecologistas o administraciones públicas. Tras localizar el problema, el organismo inicia un estudio para ratificar los hechos y, acto seguido, abre un expediente sancionador. Además de la multa, el responsable de la infracción está obligado a dejar el paraje en las mismas condiciones en las que estaba antes de la acción ilegal.