La Fiscalía General envía a Granada recomendaciones para mejorar la protección de las víctimas de violencia de género

El pasado domingo, tres mujeres fueron halladas muertas en Andalucía. Dos de estos asesinatos han sido cometidos, presuntamente, por hombres que tenían antecedentes y estaba registrado en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén); y el tercero aún se está investigando qué ha ocurrido. Es la punta de un iceberg que es esconde una preocupante realidad: el aumento de la violencia machista, una lacra que tan solo en diciembre costó la vida a más de diez mujeres, aunque otras muchas lograron salvar la vida, como el caso de la mujer de Armilla que, el día de Nochebuena, recibió un disparo de parte de su pareja en presencia de su familia. Con el objetivo de frenar esta situación, la fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, ha enviado un escrito a los fiscales delegados de Violencia de género de toda España para coordinar actuaciones destinadas a mejorar la protección de las víctimas de violencia de género.

En el escrito, al que ha tenido acceso Granada Hoy, Peramato recuerda a los fiscales su "deber de intensificar" la actuación para la protección de las víctimas, solicitando "aunque ellas no lo interesen" las medidas cautelares necesarias para frenar "el riesgo de reiteración de conductas violentas y de feminicidio".

En este sentido, en el texto se recuerda la Circular 3/2003, en la que, entre otros asuntos, se modifica el régimen procesal de prisión preventiva, en el que debe "admitirse la proposición de prueba que sea necesaria y trascendental y que pueda practicarse en el plazo de 72 horas".

Entre las actuaciones propuestas por la fiscal destaca especialmente la "instalación del dispositivo telemático de detección de proximidad" en aquellos casos en el que el riesgo para la mujer y sus hijos sea "Extremo", "Alto" o "Medio de especial relevancia" (aquellos en los que se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal).

También recomienda este dispositivo si "en el curso de la tramitación del procedimiento resultara una agravación del riesgo" para la víctima, lo cual se deduce de las valoraciones de Evolución del Riesgo Policial, los informes forenses, el incumplimiento de las medidas cautelares o tras las entrevistas con la víctima.

Peramato puntualiza un caso en el que no utilizar este dispositivo de detección, aquellos en los que, con el fin de proteger a las víctimas, se procede "a acordar la prisión provisional".

Una vez recibido este escrito, y según aparece en el mismo, los y las fiscales tienen hasta el 15 de febrero para valorar las medidas "a fin de que por el Excmo. Fiscal General del Estado se haga la propuesta que más se adecue al respecto". Consultada por este periódico, la Fiscalía de Granada se remite al escrito de Peramato y asegura que no realizarán ninguna declaración sobre él de momento.

Casi la mitad de los feminicidios contaban con denuncias previas

Antes de realizar sus recomendaciones, y a modo de argumentación, Peramato expone una serie de datos que reflejan la necesidad de endurecer las penas en la violencia de género. De esta forma, la fiscal asegura que a lo largo del pasado año, el 42,85% de los supuestos de feminicidios analizados contaban con denuncias previas, pero que en solo seis ocasiones se acordó la orden de protección y en cuatro se dictó sentencia condenatoria.

Más concretamente en referencia al pasado diciembre, Peramato asegura que de los 12 feminicidios confirmados, en el 50% existían denuncias previas "por parte de la pareja o expareja finalmente asesinada", pero que en solo dos ocasiones se acordó una orden de protección y en ambas quedó "sin efecto en pocos meses", mientras que en otros dos casos no se había acordado ninguna medida cautelar en protección de las víctimas.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial referidos al tercer trimestre de 2022, la proporción de solicitudes de órdenes de protección en relación con el número de denuncias es del 20% (10.302 solicitudes frente a 49.479 denuncias) y las acordadas fueron el 66,7% de las solicitadas (6.873), por lo que en relación al total de denuncias interpuestas solo se acordó protección en un 13.9% de los supuestos denunciados.

Sin denuncias previas en los asesinatos anteriores de la provincia

Y frente a la frialdad de los datos, los nombres. Trinidad, de 50 años, se convirtió en julio del pasado año en la víctima número 25 de violencia de género de 2022 después de que se confirmara el asesinato por parte de su marido, que después se quitaría la vida, en la localidad de Albuñol.

Según informó en su momento la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, no constaban denuncias previas por parte de la víctima, como tampoco existían en el caso de la mujer asesinada también por su pareja en Fuentes de Cesna, perteneciente a Algarinejo, que fue el caso de violencia de género anterior.

Ambos casos coinciden también en que se producen en pueblos pequeños, además de utilizar armas de fuego. Aunque la similitud más destacada se trataría de los suicidios de los hombres tras asesinar a sus respectivas parejas.