La Fiscalía Superior se trasladará al Banco de España antes de junio

El mantenimiento de las partidas presupuestarias dedicadas a Salud o Educación, la creación de empleo, la resolución del conflicto con Adif para continuar las obras del Metro y el apoyo a los jóvenes desempleados y empresas son los objetivos que se marca la Junta de Andalucía en Granada para 2014. La resolución del conflicto con la presa de Rules, la protección de la línea portuaria entre Motril y Melilla y la migración de la Fiscalía Superior de Andalucía y de Granada hasta el antiguo edificio del Banco de España también están en el horizonte. De hecho, la delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, Sandra García, aseguró que las obras en el transformador de dicho edificio protegido estaban "finalizando" después de que el Ayuntamiento de la capital, que inicialmente denegó la licencia para los trabajos, diera el 'sí'. Así, la previsión que manejan en el Gobierno andaluz establece que el traslado definitivo de la Fiscalía se producirá "en el primer semestre del año".

Un año, en palabras de la delegada, lleno de "retos", pero también de "dificultades". La crisis económica no deja fuera de sus azotes a nadie. Tampoco a las administraciones públicas, que no encuentran la liquidez necesaria para hacer frente a todos sus pagos y 'obligaciones'. "Los efectos de la situación económica están siendo insoportables para muchas personas, para las familias y para las empresas, pero también, por supuesto, para los gobiernos", declaró García. "Afrontamos 2014 con mucha responsabilidad, con voluntad de diálogo y de cooperación institucional, con el propósito de ejecutar unos presupuestos autonómicos que tienen como principales objetivos la creación de empleo, la reactivación económica y preservar el Estado del Bienestar", añadió.

En un alarde de sinceridad y para simbolizar la transparencia de la que admite quiere hacer gala en su gestión, Sandra García reconoció que su administración pasa por una situación de apuro económico y que "asumen los retrasos" en los pagos que protagonizan porque "son una realidad". "Lamentamos los perjuicios que podamos estar ocasionando a algunas empresas, somos conscientes de ello y estamos intentando aminorar la demora en los desembolsos".

Como ella misma informó, las deudas con los ayuntamientos y la Diputación en materia de Dependencia llegaban a los seis millones de euros ya que únicamente habían abonado las cantidades establecidas hasta octubre de 2013. "Somos claros y transparentes, decimos y asumimos las cosas como son". Al mismo tiempo, empero, señaló que no comprendía cómo el Gobierno de Rajoy ha disminuido en "1.200 millones" la transferencia que llevaba a cabo con Andalucía porque la crisis afectaba a todos de igual forma. "Hablamos de lo que nos compete sin echar balones fuera y sin dejar que otras instituciones eludan su responsabilidad", manifestó García.