La Fiscalía de Granada sostiene que la discoteca que el empresario García Arrabal construyó en el Serrallo es fruto de un continuado trato de favor obtenido del Ayuntamiento de la capital, gracias a la "actuación concertada" de políticos y funcionarios municipales con el promotor. El exalcalde José Torres Hurtado y la exedil de Urbanismo Isabel Nieto -para los que pide 8 años de cárcel a cada uno-, estarían a la cabeza de esa "trama" en la que habrían participado otras 7 personas, también acusadas por la fiscal.

El escrito de acusación que acaba de presentar la Fiscalía en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital (que ha investigado este caso desde 2014) pide la apertura de juicio contra 9 de las 17 personas que fueron procesadas por la jueza en febrero pasado, cuando dio por concluida la fase de instrucción. El Ministerio Público ha pedido el archivo para los 8 concejales del PP que, junto a Torres Hurtado y Nieto, votaron a favor de la discoteca en la junta de gobierno de julio de 2012.

Según la argumentación del escrito, los acusados habrían ocultado un informe importante a los concejales de la junta de gobierno para conseguir su voto favorable al cambio de uso y horarios de la construcción del Serrallo, levantada sobre una zona verde destinada a hacer un parque infantil. La fiscal reprocha a los ediles que tuvieran una conducta "poco diligente en el cumplimiento de sus obligaciones legales", pero señala que "pudieron no ser conscientes de la vulneración de la legalidad", en especial por la ausencia de toda la información y por los "términos confusos" en los que el acuerdo fue redactado.

Por el contrario, respecto del exalcalde y la que fue edil de Urbanismo considera la fiscal que "de forma consciente y voluntaria" se abstuvieron del "cumplimiento de sus deberes legales". Pero no sólo eso. También "realizaron todo lo necesario para le éxito de la actuación urbanística" en beneficio de García Arrabal y en claro perjuicio a los intereses municipales. "No repararon en medios para que no se frustrara el objetivo propuesto" y mediante "las influencias derivadas de su cargo" consiguieron la participación de otros altos cargos municipales en esta "actuación concertada", según el escrito de acusación.

Después de más de 4 años de investigación aprecia que se habrían cometido 8 delitos

También incluye la fiscal entre los principales implicados en ese supuesto "concierto de voluntades" al exgerente de Urbanismo Manuel Lorente. Por eso son Torres Hurtado, Nieto y Lorente, además del promotor, los que han recibido la petición más alta de penas de prisión por parte de la Fiscalía, que reclama para ellos 8 años de prisión, además de periodos de inhabilitación de hasta 36 años y medio, y 522.000 euros de multa para cada uno.

Para García Arrabal, el Ministerio Público reclama que en los 15 años de inhabilitación tenga prohibido obtener subvenciones y ayudas públicas y contratar con entes, organismo o entidades que forman parte del sector público.

Estas penas responden a los posibles delitos continuados de prevaricación urbanística, de prevaricación común, contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias. Otros tres exaltos cargos de Urbanismo, el coordinador general, el director de Licencias y el responsable de Obra Privada, formarían el segundo bloque de acusados de la Fiscalía, con penas propuestas de 6 años y medio de cárcel, multas de 72.000 euros y entre 20 y 32 años de inhabilitación. Los delitos serían prevaricación urbanística, prevaricación común y fraude en la contratación.

Completan la lista de acusados, la que accedió al cargo de directora de Urbanismo en sustitución del funcionario que hizo un informe contrario a la discoteca y el actual interventor del Ayuntamiento. Para ellos, la fiscal pide dos años de cárcel por posible delito de encubrimiento.