Marchal

La Fiscalía pide diez años de cárcel por agresión sexual a menores para el Canuto, el hombre de Granada al que la Junta retiró trece hijos

  • Tenía en el momento en el que la Administración actuó 34 hijos de cuatro mujeres

  • Una de las menores relató en su entorno escolar que era víctima de abusos por parte de su padre

El Canuto, sentado a la izquierda, junto a varios de sus hijos mayores.

El Canuto, sentado a la izquierda, junto a varios de sus hijos mayores. / Efe

La Junta retiró en junio de 2018, hace prácticamente tres años, a trece de los 34 hijos de un hombre de 60 años, conocido como El Canuto, residente en el municipio granadino de Marchal. Entre los motivos que la Administración tuvo en cuenta para tomar esta decisión estaba la investigación abierta anteriormente por un juzgado de Guadix contra el hombre por un presunto delito de abusos sexuales a una de sus hijas, menor de edad cuando ocurrieron los hechos. Además, se investigó por parte de los Servicios Sociales si había un supuesto desamparo e “inadecuada” atención a los menores que fueron retirados, con edades comprendidas entre los 3 y los 15 años.

Un año antes de la actuación de la Junta en 2018, una de las hijas habría relatado en su entorno escolar que era víctima de abusos por parte de su padre. El asunto llegó a la Guardia Civil y el Juzgado abrió diligencias. Además, la niña fue trasladada a un centro de protección de menores de la Junta. Finalmente se ha conocido que la Fiscalía ha solicitado una pena de diez años de prisión por un presunto delito de agresión sexual sobre menores, según confirmaron a este diario fuentes de la Fiscalía, que también indicaron que el juicio está pendiente de señalamiento en la Audiencia Provincial.

Hasta junio de 2018, cuando la Junta decidió la retirada de los trece menores (once en un operativo en el que incluso participó la Guardia Civil y dos más que fueron entregados por el padre tras el requerimiento de la Administración), vivían en el núcleo familiar de Marchal un total de 28 personas: el investigado, tres mujeres madres de los niños–y 24 hijos, de los que 17 eran menores cuando actuó de forma contundente la Administración. Sin embargo, el hombre tenía en ese momento más hijos, hasta 34.

La decisión de los Servicios Sociales hizo que trascendiera la vía judicial abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Guadix por la declaración de una de las menores hija de El Canuto, sobre supuestos abusos. En aquel momento también se informó de que peritos y psicólogos trabajaban con otras dos de las hijas del vecino de Marchal para que pudieran declarar en este caso. Entre las medidas preventivas tomadas en relación al padre estaba una orden de alejamiento, y éste permaneció en libertad condicional.

Unos años antes de la retirada de trece menores a este padre, el hombre se hizo conocido por su extensa prole y jactarse en televisión de que nunca había trabajado. Este vecino de Marchal, en la comarca de Guadix, fue el protagonista de un reportaje televisivo por tener más de “30 hijos y 4 mujeres”.

Más allá de lo singular de la familia del Canuto, la situación que vivían mujeres y descendientes de este hombre era objeto de seguimiento por parte de Asuntos Sociales, que constató en sus informes las situaciones que sufrían fundamentalmente los menores que vivían con su padre. La Junta de Andalucía constató según la documentación que elaboró sobre la familia que los hijos de este vecino de Marchal estaban sometidos en su entorno familiar a “maltrato físico”, “maltrato emocional”, situaciones de “violencia de pareja y otros miembros”, “negligencias graves” y “presunto abuso sexual”, investigado por un juzgado, hacia una de sus hijas “y otras hermanas de ésta”. Las niñas, estaban consideras según los informes de “especial vulnerabilidad” en esa unidad de convivencia.

El informe firmado por la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, un día antes de la actuación de retirada de los menores que los técnicos y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo expone unos motivos de extraordinaria gravedad para justificar la medida adoptada por la Junta de Andalucía.

Se declaró la “situación provisional de desamparo” y el cambio de tutela de 13 de los 17 hijos menores, que pasaron a ser tutelados por la Junta.

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