La Fiscalía de Granada ha solicitado hasta seis años de prisión y el pago de una multa de cinco millones para los tres acusados de apropiarse de una subvención de más de tres millones concedida por el Gobierno central para crear una fábrica de aerogeneradores que descapitalizaron para no devolver el dinero.

Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan al mes de mayo de 2009 cuando la Dirección General de Industria del Gobierno central concedió una subvención a la sociedad Energy Innovations Company, de la que era único administrador el acusado Pedro Pablo M.R..

La subvención respondía a un proyecto para crear una fábrica de producción de aerogeneradores de baja altura para conexión directa a la red de distribución, un fin esencial para recibir el dinero por parte del Ministerio de Industria, que concedió a la empresa más de un año de plazo para ejecutar el proyecto.

El gobierno ingresó el dinero a la empresa y, en mayo de 2010, Pedro Pablo firmó ante notario la venta de la firma a la sociedad Forum Vicatec Tecnología, que administraban los también acusados Antonio C.S. y Enrique G.V., que la compraron por 3.500 euros.

En el contrato, los compradores aceptaban como subrogada tanto la subvención del Gobierno como las condiciones del proyecto.

Sin embargo, Enrique abrió una cuenta en nombre de Energy a la que traspasó los más de tres millones de la subvención y, con la finalidad de no devolver nunca el préstamo según la Fiscalía, se encargó de eliminar todo el patrimonio de sus sociedades.

Así, tanto Enrique como Antonio realizaron transferencias bancarias con importes de hasta 200.000 euros a otras empresas de las que formaban parte para dejar sin fondos a Energy, operaciones que mantuvieron incluso después de que Industria les pidiera que justificaran la creación de la fábrica o devolvieran el dinero.

En mayo de 2012, la compañía Energy tenía contraída una deuda con el Ministerio de Industria de 3,4 millones de euros y era una sociedad sin activos ni actividad e insolvente para hacer frente a la devolución de la subvención.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de fraude de subvenciones por el que ha pedido para los tres acusados una pena de tres años de prisión y el pago de una multa de cinco millones.

Ha sumado además un delito de insolvencia punible por el que ha solicitado para Enrique y Antonio la condena a otros tres años de cárcel.

Los tres serán juzgados por estos hechos en dos sesiones y desde el próximo 14 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.