Fiscalía denuncia al alcalde de Atarfe por construir una nave en suelo no urbanizable

La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Atarfe (Granada), Víctor Sánchez, por la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio por la construcción de una nave comercial en la carretera Granada-Córdoba, en el acceso al municipio, que se habría realizado en "suelo no urbanizable", algo a lo que luego pretendió dar "cobertura legal" mediante la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Según el decreto del fiscal, que tiene fecha 4 de marzo y al que tuvo acceso hoy Europa Press, los hechos investigados, tras la denuncia que presentó de forma conjunta IU con grupos ecologistas, "pudieran entrañar alguna relevancia penal", pues aunque se aprobó bajo justificación de declaración de "interés social", dicha licencia no reunía los requisitos legales exigidos para ello.

La denuncia que se interpone contra el alcalde podría ampliarse a otros coautores, según consta en el decreto, según el cual, en la construcción de la nave, que se autorizó mediante "resoluciones claramente ilegales", no se dieron los requisitos legales de "exigencia básica" y se autorizó la construcción en suelo "no urbanizable según las normas subsidiarias vigentes".

Además, junto a la nave de bricolaje existe un gran espacio asfaltado usado como aparcamiento, edificado todo ello a escasos metros de la vía del tren, en zona que en las normas subsidiarias vigentes se contempla como Sistema General de Ferrocarriles por estar dentro de los cien metros de afección territorial, limitando con una franja considerada área de reserva de terrenos.

Para "legalizar" su actuación, el alcalde, de forma contraria al planeamiento vigente, según los denunciantes, formuló propuesta para que en el PGOU la nave quedara como equipamiento comercial y los terrenos contiguos al otro lado de la vía férrea como suelo urbano "no consolidado", con lo que "desplazaba de esta forma el límite del suelo urbano".

La utilidad del proyecto se votó en sesión plenaria el 25 de mayo de 1999 y se aprobó con los votos a favor de ocho concejales del PSOE, tres de IU y uno del Grupo Mixto y los votos en contra del PP. El Ayuntamiento aprobó la licencia invocando al "interés social" pero "se alejó de la legalidad" puesto que no contó con la autorización de la Junta de Andalucía ni tampoco de la Comisión Provincial de Urbanismo, órganos competentes para ello.

De hecho la Consejería de Obras Públicas emitió un dictamen en octubre de 1999 en el sentido de afirmar la utilidad pública del proyecto pero en el que se oponía a la ubicación en la parcela interesada, indicándole incluso "una ubicación más acorde con las circunstancias urbanísticas que se pretendía al existir al parecer un polígono en las proximidades".

Si a esto se une, según el fiscal, la "reticencia municipal" a la exhibición al Seprona de la documentación relativa a la nave se considera "indiciariamente acreditado" que el alcalde era "sabedor" de la ilegalidad cometida a la que "pretendió dar cobertura legal" mediante la revisión del PGOU incluyendo el terreno de la nave como equipamiento comercial y prosiguiendo su avance urbanístico como suelo no urbanizable de excepcional valor productivo, según el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada (Potaug).