La Fiscalía archiva la investigación de la macrofiesta en el Hotel Alcano

La Fiscalía provincial de Granada ha archivado finalmente las diligencias de investigación penal que abrió tras la Copea de Farmacia celebrada el pasado 25 de mayo en el Hotel Alcano. El Ministerio Público ha concluido que los organizadores de la fiesta no incurrieron en delito alguno por la aglomeración que se produjo en la zona al superarse el aforo permitido, y entiende que su conducta debe analizarse en la vía administrativa.

"La conducta de los organizadores de la macrofiesta se tendrá que analizar en la vía correspondiente, pues los datos aportados no son suficientes para iniciar una investigación penal por concretos hechos delictivos, ya que se denuncia una situación que no puede determinar el objeto propio de un proceso penal", indica el decreto de archivo, fechado el pasado 25 de junio y al que ha tenido acceso este diario.

En el documento, la fiscal jefe provincial, Ana Tárrago, que fue quien se hizo cargo de la investigación, recuerda que los incidentes registrados entre los asistentes y los agentes de la Policía que acudieron a dispersarlos porque estaban invadiendo la A-92 fueron judicializados en su día, no pudiendo investigar de forma paralela la Fiscalía asuntos en los que ya existe causa judicial.

Y es que los atestados policiales de los distintos altercados -hubo cuatro detenidos- fueron remitidos justo después de ocurrir al juzgado de guardia, dando lugar en los juzgados de la Caleta a los correspondientes procedimientos por posibles delitos atentado, resistencia o lesiones, según las fuentes consultadas.

El asunto aterrizó en la Fiscalía de Granada después de que la Policía Nacional remitiera al departamento que dirige Tárrago un informe detallando lo acontecido. En él se relataban los hechos para que el Ministerio Público determinase si pudieron constituir un delito de alteración del orden público. Comunicaba que se habían producido diversos incidentes y alteraciones que, a su juicio, podrían tener relevancia penal.

En el decreto, la Fiscalía pone de relieve que "los hechos que los agentes intervinientes consideraban con relevancia penal, ellos mismos los remitieron al juzgado de guardia, hasta un total de al menos seis atestados policiales". En este contexto, recuerda que intervinieron Policía Local, Policía Autonómica y Guardia Civil de Tráfico, actuando cada cuerpo según sus competencias.

En cuanto al posible delito de alteración del orden público, el Ministerio Fiscal subraya que sus autores serían "no los organizadores del evento, sino los que lo provocaron, si es que se produjo, ya que en el atestado policial no constan autores determinados". Asimismo, resalta que para considerar que unos hechos constituyan un delito de desórdenes públicos, se exige para su apreciación "una finalidad de atentar contra la paz pública, no identificable con el orden público".

La fiscal jefe provincial insiste en que al existir diligencias judiciales incoadas en los juzgados de Instrucción de Granada por los distintos hechos en su día denunciados, "no podemos continuar con una investigación fiscal paralela". En este punto, recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "el fiscal cesará en sus diligencias cuando tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial abierto por los mismo hechos, supuesto que concurre en el presente caso".

Este asunto cobró una especial relevancia en su día debido a la tragedia ocurrida en el Madrid Arena, donde tampoco se respetó el aforo permitido. No ha trascendido el desenlace de los distintos procesos penales a los que dieron lugar los incidentes.

La fiesta era privada y, según informaron fuentes policiales tras su clausura, los organizadores vendieron unas 5.000 entradas cuando el aforo del lugar elegido para la celebración era de 900 personas. En un momento dado, el colapso y el hecho de que los jóvenes -algunos de ellos en estado de embriaguez- hubieran invadido la calzada de la autovía obligó a la Policía a intervenir para desalojar el lugar. Los estudiantes de la Facultad de Farmacia se desvincularon de la organización de la fiesta.

La Junta de Andalucía indicó tras lo ocurrido que los organizadores se enfrentaban a sanciones por infracciones "muy graves" de entre 30.000 y 600.000 euros, según informó en su día Europa Press.