Granada

La Fiscalía lanza un SOS en su lucha contra la droga

  • Alerta sobre la "colaboración de miembros de las estructuras policiales" con organizaciones dedicadas al tráfico de marihuana

  • Pide la presencia en Granada de un fiscal especial antidroga

La marihuana y Granada. Romper esta 'relación' se ha convertido en uno de los principales retos de la provincia, la cual se postula como la principal productora de esta droga a nivel nacional. Sin embargo, son diversos los factores que influyen en el repunte del cultivo de 'maría' como son los geográficos, el clima, la percepción de que cultivar marihuana es "una actividad con escaso reproche social" o el "importante beneficio" que se obtiene de su cultivo. Así lo reconoce la Fiscalía Superior de Andalucía en su Memoria del 2018, en la que alerta sobre la "colaboración de miembros de las estructuras policiales" con las organizaciones dedicadas al tráfico de marihuana y solicita la presencia de un fiscal delegado antidroga para abordar esta problemática, la cual puede provocar un "efecto llamada" para las organizaciones criminales.

Desde el año 2012, han sido más de 300.000 las plantas incautadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Granada. Una cifra que, si se desglosa de forma anual, se comprueba cómo se ha ido dando un aumento exponencial del número de plantas, así como de las toneladas de esta droga aprehendidas.

Advierte sobre un posible "efecto llamada" para otras bandas criminales

En concreto, la Fiscalía expone en su memoria, a la que ha tenido acceso este diario, el aumento significativo en el periodo 2016-2017, en el que se aprehendieron 84.141 plantas, con un peso de 20.430 kilogramos de cogollos de marihuana, y se detectaron 523 enganches ilegales en plantaciones indoor. Todo ello, contabilizando sólo los datos ofrecidos por la Guardia Civil al Ministerio Público.

Sin embargo, uno de los puntos más destacados de la misma es la alerta que hace el Ministerio Público respecto a la "colaboración" policial con los narcotraficantes. Según destaca en su memoria, en ocasiones las organizaciones dedicadas al tráfico de marihuana "suelen buscar la colaboración de miembros de las estructuras policiales", algo que dificulta aún más la investigación. Asimismo, explica que "en general, lo que las organizaciones criminales requieren de los agentes policiales no es una actuación directa en el delito principal (narcotráfico), sino una actuación indirecta de apoyo para favorecer el mismo o bien para proteger la actividad de la organización criminal".

Además de los factores climatológicos o sociales -se reprocha el escaso rechazo que suscitan entre la población los cultivos de marihuana-, la Fiscalía señala como uno de los motivos de esta proliferación el incremento de comercios dedicados a la venta de técnicas e instrumentos para el cultivo de 'maría'.

Según el Ministerio Público, "en su origen, el cultivo de marihuana en la provincia se realizaba para el autoconsumo o su tráfico al por menor", sin embargo, "la proliferación de comercios dedicados de forma exclusiva a facilitar procedimientos, técnicas e instrumentos para el cultivo de marihuana, grow shop, ha influido decididamente en el aumento exponencial del cultivo de plantaciones de Cannabis".

A todo ello, hay que sumar que la inversión para instalar una plantación es "rentable". Para ello, como recoge la Fiscalía, hay que tener en cuenta que el cultivo intensivo puede producir "cuatro cosechas anuales", así como que el precio medio de kilogramo de marihuana manufacturada "ronda según la demanda del mercado los 1.500 euros, y la inversión que requiere la instalación es reutilizada". Pero además, a todo ello hay que añadir que el valor de la droga se multiplica entre cinco y diez veces dependiendo del país a donde se transporte, lo que se traduce, según el Ministerio Público, en que "los beneficios sean increíbles".

Además de ello, si hay algo que también está estrechamente ligado al cultivo de 'maría' es la defraudación eléctrica. Los conocidos "enganches ilegales" se postulan como una forma de abaratar costes de producción que ha provocado diversos altercados en distintos puntos de la provincia.

"Los delitos de defraudación de fluido eléctrico que genera el cultivo indoor de marihuana han provocado altercados relacionados con las caídas de la red eléctrica por los enganches ilegales", recoge la memoria, donde además se puntualiza que "existen zonas urbanas donde los cortes eléctricos se han convertido en importantes problemas de seguridad ciudadana, con incendios y sobrecargas en la red eléctrica".

Este incremento de las plantaciones ha propiciado que las organizaciones de marihuana se fijen en Granada y hagan de la provincia su "fuente de abastecimiento". La Fiscalía explica que "partiendo de pequeños cultivadores, mantienen el mercado abastecido de forma ininterrumpida". Adquieren en Granada pequeñas cantidades de marihuana, "entre los cinco y 20 kilos por plantación o productor" -se trata de la producción media de una plantación tipo-, que envasan al vacío y distribuyen por el extranjero.

Todo ello provoca que pueda producirse un "efecto llamada a otras organizaciones" que tengan intención de participar en un negocio "lucrativo" como este, además de "fomentar otra actividad especialmente violenta derivada de enfrentamientos entre grupos rivales, así como actuaciones tendentes a obtener el blanqueo de las ganancias". Precisamente, el Ministerio Público reseña que esta situación ha trascendido a la opinión pública, la cual ha protagonizado "movilizaciones en algunas localidades que especialmente sufren tal criminalidad y sus derivados". Del mismo modo, también se han dado marchas o concentraciones en lugares donde los cortes de luz han afectado a importantes sectores de la población.

Del mismo modo, el Fiscal Jefe de Granada, alude a la especial gravedad de algunas formas delictivas extendidas en la provincia y concretamente se refiere al cultivo o elaboración de drogas de forma casera.

Por todo ello, y ante la "evolución de la delincuencia en Granada en torno al cultivo y venta de marihuana", el Ministerio Público considera que la provincia debería contar con un fiscal delegado antidroga, además de exponer la necesidad de la centralización de sedes. Según defiende en la memoria, "el mayor inconveniente que se presenta para la adecuada organización del trabajo diario y el aprovechamiento de sus medios personales radica en la existencia de cinco sedes en la Fiscalía Provincial de la capital".

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