La Fiscalía alerta del repunte de menores que agreden a sus padres

La violencia filio-parental, la ejercida de hijos menores de edad a padres, está aumentando en Granada de manera "alarmante". Así lo advirtió ayer el fiscal de Menores, Rogelio Muñoz, que dijo que este tipo de maltrato entre menores de 14 a 18 años "ha subido alarmantemente, lo que requiere una reflexión seria de la sociedad y el sistema". De hecho, aseguró que se "ha llegado al límite para dar respuestas adecuadas".

Como ejemplo, en dos días se han recibido en la Fiscalía de Menores cinco denuncias de padres por maltrato de sus hijos, dos en la misma mañana de ayer, "un problema serio que requiere una respuesta seria".

El mismo hecho entre menores de 12 a 14 años también está subiendo pero de manera más paulatina. En un año ha pasado del 5,1% al 6,5% de las diligencias incoadas por la Fiscalía por hechos delictivos de menores.

Además, en la asociación Imeris, que actúa con los menores infractores en el programa de intervención socioeducativa puesto en marcha por la Junta de Andalucía, están trabajando en la actualidad con 70 menores que han cometido violencia filio-parental en la provincia.

En total, este año la Fiscalía ha incoado 104 diligencias preliminares por hechos delictivos cometidos por menores de 14 años en la provincia. El 85% de los casos por delitos contra el patrimonio (hurtos, robos, lesiones). Desde la Fiscalía, se remiten por ley todos los casos al servicio de Prevención de la Delegación de Igualdad, que valora la intervención en los casos más graves ya que los menores de 14 años son irresponsables penalmente y no se les puede aplicar ninguna medida penal. También se remiten casos de menores de 14 a 18 años que requieren también una respuesta de protección en lugar que de reforma. Pero, pese a la edad, tienen que ser conscientes del hecho delictivo y saber que tiene una respuesta.

Para estos casos, Igualdad cuenta desde 2007 con el sistema de intervención socioeducativa, en el que trabaja con la asociación Imeris, que actúa directamente con los menores. Desde la Delegación Provincial, según informó ayer la delegada, Magdalena Sánchez, se han pasado a la asociación 184 expedientes desde 2007, 106 en lo que va de año. La diferencia es que la Fiscalía valora sólo el hecho delictivo y el sistema de protección de menores tiene en cuenta también las circunstancias personales y sociales del menor.

"Se trata de evitar que determinados menores entren en el sistema judicial de menores", dijo el fiscal. "Además, se trabaja para prevenir la delincuencia y evitar que reincidan", apuntó la coordinadora provincial de Imeris, María José Espigares.

Aunque no pasen por el sistema de reforma, "la conducta necesita respuesta proporcional a la edad y al delito. Tienen que ser responsables de sus actos. Nuestro trabajo también consiste en devolver la autoridad a los padres que la han perdido", matizó Espigares.

Así, si el delito no es grave y no ha habido violencia se hace una amonestación y advertencia. Se dicen las consecuencias judiciales de su delito, "por lo que los llevamos a ver juicios, por ejemplo". También se trabaja con la restitución del daño material cometido (pintar la pared donde se ha hecho un grafiti, arreglar una farola rota).

El programa está siendo todo un éxito. De hecho, sólo se tiene cuantificado un 1% de reincidencia. Además, el 89% de las familias afectadas acepta entrar en el programa, que es voluntario, por lo que sólo el 11% de las familias se niegan al tratamiento.

En cuanto al perfil de los menores que cometen delitos, suelen ser menores de 13 años, varones y de nivel sociocultural medio. Por barrios, hay tanto en la zona Norte como en el Centro, el Cinturón y la Costa Tropical.