Cuando una familia recibe una notificación de desalojo cada minuto cuenta. El tiempo que transcurre hasta la fecha del lanzamiento es crucial para buscar soluciones por lo que cualquier herramienta que agilice los plazos también resulta fundamental. En esta línea, el pasado mes de diciembre los jueces y el Ayuntamiento de Granada firmaron un acuerdo para prevenir los desahucios.

El propio alcalde de Granada, José Torres Hurtado, advirtió en la presentación del proyecto que muchas veces cuando los casos de las familias sin recursos llegaban a los Servicios Sociales era demasiado tarde para actuar. Por eso, la única solución era mejorar y agilizar esa conexión entre los funcionarios de justicia y los trabajadores municipales. Así, desde el pasado mes de enero los funcionarios de justicia realizan de forma gratuita un servicio de asesoramiento a las familias sin recursos a las que se notifica un desahucio. Un protocolo que cuenta con una dificultad, solo afecta a la capital por lo que el resto de habitantes de la provincia quedan desprotegidos.

Por este motivo, los funcionarios de Justicia encargados de los casos han propuesto a la Junta de Andalucía la creación de un proyecto piloto con coste cero a la administración para que la experiencia, que está teniendo buenos resultados, se exporte fuera de la capital. Pero también para que las pautas a seguir para ayudar a las familias no sean meras recomendaciones si no que todos los funcionarios estén obligados a cumplir con esa hoja de ruta que puede lograr que no se eche a la gente de sus casas.

Sin embargo, según detalla Miguel Ángel Herrera, uno de los funcionarios que trabajan en este proyecto, esta iniciativa lleva parada meses en la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía en Sevilla. Eso, a pesar de que cuenta con el apoyo del presidente del TSJA, el Juez Decano de Granada, el Secretario Coordinador Provincial y Centrales Sindicales así como relevantes cargos públicos y parlamentarios de todos los signos políticos.

"Hemos solicitado una entrevista personal con la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para exponerle personalmente esta propuesta que tanto bien haría a la sociedad", remarca Herrera, convencido de que hay soluciones para muchos de los casos. En este sentido, el funcionario de Justicia valora las diferencias entre este servicio y otros que también existen. Por ejemplo, el Colegio de Abogados tiene otro programa con el Ayuntamiento de Granada y otros consistorios denominado la Oficina de Intermediación Hipotecaria. Sin embargo, según explica, también existen muchas familias que no pueden hacer frente al pago del alquiler por lo que esta oficina no les sirve. También intenta evitar que las familias den muchas vueltas para buscar soluciones, sobre todo en esos momentos donde no hay tiempo que perder.