La Fundación Federico García Lorca invirtió en sellos del Fórum Filatélico y fue una más de los 200.000 afectados en España por este negocio fraudulento. Después de constatar la pérdida económica por varios contratos suscritos con esta entidad intervenida, la organización sin ánimo de lucro comenzó una larga batalla judicial (sin éxito hasta el momento) para reclamar judicialmente a las administraciones públicas un resarcimiento de 365.893 euros, más intereses de demora.

La Fundación presidida por Laura García-Lorca ha acudido durante los últimos diez años al Gobierno de la nación, al Banco de España, a la Comunidad de Madrid, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo para exigir una reclamación patrimonial, a pagar por las distintas Administraciones públicas, por su supuesta acción u omisión en la pérdida millonaria que provocó el Fórum Filatélico. Todas las resoluciones y sentencias han sido negativas y sus pretensiones de indemnización han sido desestimadas una y otra vez. Es más, en varias de las sentencias (a las que ha tenido acceso este periódico) se le recuerda a la Fundación Federico García Lorca que el Tribunal Supremo ha reprochado en sus resoluciones la actitud de los que invirtieron en este producto tan arriesgado y ahora esperan que las Administraciones devuelvan el dinero.

La CNMV recomienda a las fundaciones evitar operaciones de carácter especulativo

"Confiar el ahorro y su rentabilidad personal o individual e incluso colectivo de una familia o de un grupo -como es este caso- en un negocio como el que llevaban a cabo las empresas Forum y Afinsa (…) requería un mínimo asesoramiento que no fuera únicamente el de los impulsores del negocio", expuso la Sala de lo Contencioso del Supremo en una de las sentencias que resuelven uno de los recursos planteados por la Fundación Lorca.

Continuaba el alto tribunal explicando en su sentencia que "la filatelia es ante todo una afición para el disfrute personal del coleccionista que recoge, ordena y clasifica sellos, sobres y otros documentos postales, y no un negocio como se hizo creer (…) Y puede ser, quizás, una inversión generalmente a muy largo plazo y salvo muy contadas ocasiones con muy escasa rentabilidad". Por eso, a juicio de los magistrados, "utilizar ese bien como refugio del ahorro es una actuación arriesgada y generalmente poco provechosa".

La Fundación Federico García Lorca es una entidad sin ánimo de lucro y como tal está afectada por el código de conducta para la realización de inversiones temporales aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según este documento, "quienes decidan las inversiones contarán con los suficientes conocimientos técnicos, para lo cual los órganos de gestión y administración de las entidades podrán decidir la contratación del asesoramiento profesional de los terceros que, a su juicio, ofrezcan suficientes garantías de competencia profesional e independencia".

Este código de conducta que rige a las fundaciones, mutuas o colegios profesionales, entre otros, establece que para la selección de las inversiones financieras temporales "se valorará en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrezcan las distintas posibilidades de inversión, vigilando siempre que se produzca el necesario equilibrio entre estos tres principios".

Con el objetivo de preservar la liquidez de sus inversiones, las entidades sin ánimo de lucro deberán hacer estas operaciones "en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales", según la norma de la CNMV, que también exige a las entidades sin ánimo de lucro "evitar la realización de operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de los recursos financieros". Es precisamente la CNMV, quien regula de este modo la forma de proceder de las fundaciones en las inversiones temporales, una de las entidades públicas a las que la Fundación Federico García Lorca ha reclamado la responsabilidad patrimonial por sus pérdidas económicas en el negocio de los sellos.

Tanto la Audiencia Nacional, en sentencia de marzo de 2011, como el Tribunal Supremo, en junio de 2012, descartaron categóricamente que la Comisión Nacional del Mercado de Valores sea responsable de los perjuicios económicos sufridos por la Fundación García Lorca. El motivo expuesto es que la actividad desarrollada por Fórum Filatélico "escapaba del ámbito de los sectores financieros a los que la CNMV extendía las facultades de supervisión, inspección y sanción que legalmente le habían sido atribuidas".

La sentencia de la Audiencia Nacional censura con dureza a los recurrentes, porque los considera partícipes activos de una "operación de simulación" que sería el hacer pasar por un producto financiero un negocio que en realidad tendría naturaleza mercantil. Es decir, que la compra-venta de sellos habría encubierto en realidad "el acuerdo disimulado de una operación crediticia de activo o pasivo (…) para ocultar el verdadero negocio jurídico, que no podía salir a la luz pública por constituir una infracción jurídica". Para los magistrados es una paradoja que la Fundación García Lorca pida una reclamación económica a la CNMV y al Ministerio de Economía por no impedir una actividad "en la que ella misma ha sido partícipe y que está en la raíz del daño sufrido".

La quiebra de Fórum Filatélico y la evaporación del dinero de los inversores coincidió con el inicio del proyecto de construcción del Centro Lorca en la plaza de la Romanilla, cuando se estaban ultimando los detalles para la creación del Consorcio en el que estaban integrados las instituciones -Ministerio de Cultura, Junta, Ayuntamiento y Diputación- y la Fundación Lorca. Un año después, en 2007, la institución que preside Laura García-Lorca pidió un préstamo a La Caixa por valor de 4 millones de euros para comenzar las obras, un dinero del que se perdió la pista con la gestión de Juan Tomás Martín, exsecretario de la Fundación y autor confeso del desfalco que impide, de momento, la llegada del legado de Lorca a Granada. Aunque se llegó a un acuerdo de patrocinio con la entidad financiera para enjugar la deuda a cambio de diferentes patrocinios, aún quedan 3,8 millones de euros sin justificar, según el resultado de la auditoría que se presentó el pasado mes de noviembre. Pero el comienzo de todas estas operaciones que han llevado a la quiebra a la institución fue la inversión en unos sellos que prometían ser un negocio seguro y que acabaron con los ahorros de más de 200.000 afectados. Entre ellos la Fundación Lorca.