El ex concejal García Royo se sienta en el banquillo por el caso del Palacio de Hielo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada juzga desde hoy y hasta el día 15 al que fuera concejal de Urbanismo durante el primer mandato de José Torres Hurtado, Luis Gerardo García Royo (PP), al ex gerente de Urbanismo Manuel Lorente, y a otras seis personas más, conocidos promotores y técnicos municipales, por un posible delito de prevaricación en la operación urbanística relacionada con el Plan Parcial de Cerrillo de Maracena, donde estaba previsto construir el Palacio de Hielo.

La vista, prevista inicialmente en octubre del pasado año en el Juzgado de lo Penal 6, se celebrará en la Audiencia después de que las partes personadas plantearan una cuestión de competencia, teniendo en cuenta las penas solicitadas.

Entre los procesados, que se enfrentan a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público de carácter electivo y sobre cualquier otro que comprenda facultades de contratación de cualquier tipo, figuran también los promotores José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta, el que fue secretario de la Junta de Compensación de los terrenos, el vicesecretario del Ayuntamiento, el que fuera jefe del Servicio de Gestión Urbanística desde septiembre de 2006 y el que lo fue hasta esa fecha.

Los hechos, que fueron denunciados en su día por el Ministerio Público, que entendía que pudo haber apropiación de aprovechamientos urbanísticos del Estado por parte del Ayuntamiento, se remontan a 2005, cuando el entonces edil de Urbanismo y varios promotores inmobiliarios firmaron un convenio para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial, con una superficie neta de 177.384 metros cuadrados.

No obstante, las conversaciones ya se habían iniciado en 2003, y en 2005 se retomaron actuando personalmente, ya como concejal de Urbanismo, García Royo, con la finalidad "de obtener cuantiosos ingresos para las arcas municipales y con la aquiescencia de las empresas propietarias mayoritarias de los terrenos interesados en el desarrollo comercial de la zona", según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía.

Según la Fiscalía, fueron dos de los procesados, el secretario de la Junta de Compensación y el vicesecretario del Ayuntamiento, quienes "omitieron" cualquier notificación al Ministerio de Fomento y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pese a que en el Plan Parcial estaban incluidos terrenos de su propiedad.