El Gobierno ya propuso en 2013 repartir el TSJA entre Granada, Málaga y Sevilla

Con premeditación y "a espaldas de los ciudadanos". La decisión de los jueces de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de desplazar las nuevas secciones penales a Málaga y Sevilla, que no fue una cuestión improvisada, ni un debate puesto encima de la mesa por cuenta y riesgo de los magistrados. Los "movimientos" para descafeinar la capitalidad judicial de Granada otorgando más peso a Sevilla y Málaga vienen de lejos. Así lo aseguraron ayer los miembros de la plataforma Juntos por Granada, basándose en documentación oficial e informes y votos particulares elaborados por el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Que la dispersión del TSJA no es una cosa nueva ya quedaba claro, por ejemplo, en el acta de la reunión de la sala de gobierno del alto tribunal andaluz en la que se aprobó la propuesta de desplazar las nuevas secciones. El documento indica que los magistrados ya aprobaron por mayoría un planteamiento en el que exponían "la necesidad de crear dos Salas de lo Penal desplazadas en las ciudades de Sevilla y Málaga y la dotación de nueve magistrados". Este planteamiento se realizó casi un año antes de que se publicara el Real Decreto que creaba las nuevas plazas de magistrado para hacer efectiva la segunda instancia penal, que data del 10 de marzo de 2017.

El 'rastreo' de documentos indica que los "movimientos" en el ámbito del Ministerio de Justicia llegan mucho más atrás. Según informaron ayer desde la plataforma Juntos por Granada, ya en 2013 se puso de manifiesto la intención del Gobierno central de establecer tres sedes del TSJA (no secciones, ni siquiera salas) repartidas en Granada, Málaga y Sevilla. La propuesta de modificación de la Ley de Planta y Demarcación Judicial, que no llegó a aprobarse, indicaba que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tendría "tres salas por cada orden jurisdiccional que se ubicarán cada una en las sedes previstas". ¿Cuáles? Granada, como sede establecida en el Estatuto de Autonomía, y "excepcionalmente", Málaga y Sevilla.

De hecho, el proyecto de ley establecía que del total de jueces del TSJA, 174, 52 se ubicarían en Granada, mientras que en Málaga habría 37 y en Sevilla, 85. Esto, "a todos los efectos", equivaldría a la creación de tres tribunales superiores de justicia de Andalucía, "quedando para Granada solo la Presidencia cuasi honorífica ya que la mitad del TSJA estaría en Sevilla, menos de un tercio en Granada y más de un quinto en Málaga". Así lo denunció Juntos por Granada, apuntando que esta estrategia "se ha ido gestando desde hace tiempo sin conocimiento de las autoridades y a espaldas de los ciudadanos". El portavoz de la plataforma, César Girón, aseguró que los granadinos no deben "tolerar" que se muevan las secciones de lo penal por "maniobras que se están realizando desde hace tiempo". Aunque confió en que los motivos para estas propuestas "sean confesables" y tengan por objetivo "el mejor funcionamiento de la Justicia", la plataforma considera que no hay "razones técnicas" que lo justifiquen y se mostró dispuesta a estudiar "todas las acciones jurídicas" pertinentes, exigiendo también a las administraciones que actúen en su ámbito -ya sea mediante un contencioso o un conflicto de competencias, en el caso de la Junta de Andalucía- para impedir la dispersión del TSJA.

De hecho, en el seno del Consejo General del Poder Judicial también hay dudas sobre la "premura" con la que el Gobierno aprobó el Real Decreto para la creación de plazas de magistrados y sobre la posibilidad de crear secciones desplazadas. El informe jurídico elaborado por el CGPJ sobre la propuesta de Real Decreto plantea la "necesidad de crear dos secciones de apelación" que se desplacen "permanentemente" a Sevilla y Málaga, indicando que si se realizara la petición de la sala de gobierno del TSJA cabría acordar por el Consejo esa dispersión de secciones, habida cuenta de que para la creación de nuevas salas sería necesario modificar la Ley de Demarcación y Planta Judicial y la del Poder Judicial.

Este informe contó con el voto en contra de la magistrada María Concepción Sáez Rodríguez, que pone en cuestión la "urgencia" para aprobar el Real Decreto y la omisión de los motivos de tal celeridad; mientras que el magistrado Juan Manuel Fernández emitió un voto concurrente en el que muestra su "extrañeza" puesto que la idea del desplazamiento de secciones "no figuraba en el proyecto inicial", donde no se entraba en consideraciones "acerca de la creación de secciones, ni mucho menos de salas". El magistrado -que se muestra partidario a la creación de salas y, por tanto, a la modificación de la ley de planta judicial-, asegura que el desplazamiento de secciones "no se acomoda correctamente a las previsiones legales", ya que si se considera que la carga de trabajo no justifica la creación de nuevas las "tampoco sería admisible entonces plantearse la opción de secciones funcionales con sede en capitales diferentes a la del Tribunal Superior de Justicia".