El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha asegurado este viernes que el Estado continúa trabajando en un estudio jurídico sobre los suelos en los que se prevé construir el campamento de migrantes, en la zona de la Colonia Dávila y junto a la entrada de la Base Aérea, y ha vuelto a reiterar que no hay todavía una decisión en firme sobre si ubicar en estos terrenos, de unos 105.000 metros cuadrados, ese nuevo centro o si hacerlo en otra ubicación.

Preguntado sobre el tiempo que puede tardar en estar listo este estudio para decidir si finalmente se construye el campamento, Montilla ha asegurado que este estará concluido en un breve periodo de tiempo, quizá incluso inferior a un mes, ya que "tiene que ser más rápido porque estas instalaciones tienen que estar preparadas en 3-4 meses". Por lo tanto, la decisión sobre si será esta zona la que acoja a los migrantes se tomará pronto.

"El lunes pasado el Ayuntamiento de Alhendín remitió al Ministerio un informe urbanístico señalando las características del suelo, y se está analizando de la misma manera que se analizan los suelos de otras zonas de la provincia y de España. Es urgente hacer la instalación porque en unos meses va a ser necesario atender a estas personas porque los centros que hay actualmente en el resto de España tienen una ocupación muy alta, y hay que preparar estas instalaciones", ha asegurado.

Preguntado sobre si está colaborando con los municipios que podrían verse afectados por la construcción de este campamento, en este caso Alhendín, Armilla y Ogíjares, Montilla ha asegurado que está dando "toda la información que tenemos a los alcaldes que lo solicitan", y ha valorado que si se ubica de forma definitiva la instalación aquí "se analizará con los ayuntamientos que puedan estar afectados para informar del proceso de desarrollo del proyecto". "Pero en este momento, como estamos estudiando los distintos suelos, no hemos pasado de fase", ha dicho.

Montilla también ha valorado el trabajo que se hace en otras instalaciones de este tipo, como las ubicadas en Carabanchel, Alcalá de Henares o Cartagena, del que asegura que "hay relación intensa con las asociaciones y con los municipios para que funcione bien este proceso de integración de estas personas" y ha recordado que quienes ocuparían esta instalación "son solicitantes de asilo y protección de países en guerra".

"Quienes ocupan estos centros son personas que están en nuestro país, y que han solicitado refugio o protección internacional, y durante el tiempo en que se tramita esa protección tienen que ser atendidas por el Estado. Eso es derecho internacional, solo podemos cumplirlo. Tienen que ser atendidas con la máxima dignidad. Para prever la posibilidad de que vengan personas y soliciten asilo porque vengan de países en guerra, se preparan estas instalaciones. Ese es el objeto. Países en guerra pueden ser desde Ucrania o Israel hasta Mali, por ejemplo", ha declarado.

Preguntado sobre los permisos solicitados por la empresa Tragsa al Ayuntamiento de Alhendín para iniciar las obras, el subdelegado ha valorado que, tras el intercambio de los terrenos entre ministerios, la constructora -que es la que se ha encargado del resto de estas instalaciones en territorio nacional-, pese a no haber proyecto, "hace algún movimiento en relación al Ayuntamiento en el que están los suelos que han sido cedidos".