El Gobierno dejará de pagar a 50 municipios granadinos por no presentar sus cuentas

La Ley de Economía Sostenible lo decía muy claro: "En el supuesto de que las entidades locales incumplan la obligación de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda toda la información relativa a la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio [antes del 31 de marzo del año siguiente], la Dirección General de Coordinación Financiera procederá a retener a partir del mes de septiembre del ejercicio siguiente, y hasta que se produzca la citada remisión, el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que les corresponda". Traducción: el que no rinda cuentas a tiempo, se quedará sin ingresos a cuenta del Gobierno central.

Pues, pese a que el Ejecutivo fue benévolo y decidió ampliar el plazo cuatro meses para que los municipios auditaran las cuentas de 2010 y enviar una carta a cada administración local para recordárselo, hay ayuntamientos que parecen no haberse dado por enterados. En la provincia, según la última información del Ministerio de Economía y Hacienda -cerrada el pasado martes-, medio centenar de municipios siguen sin facilitar al Estado las liquidaciones presupuestarias de 2010. En teoría, siguiendo al pie de la letra la artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible, un total de 50 ayuntamientos granadinos dejarán de ingresar a partir de octubre los fondos derivados de la recaudación de impuestos. Con lo que ello conlleva para unas arcas municipales que no pasan precisamente por su mejor momento.

Ninguno de los municipios granadinos de gran tamaño está incluido en la 'lista negra' del Ministerio de Economía y Hacienda. De hecho, el ayuntamiento más grande de los que no han facilitado aún información sobre los presupuestos de 2010 es Alhendín. El resto no supera los 5.000 habitantes. Agrón, Alamedilla, Alicún de Ortega, Beas de Granada, Benamaurel, Bérchules, Busquístar, Cacín, Cástaras, Cúllar, Chauchina, Darro, Fuente Vaqueros, Galera, Gor, Guadahortuna, Gualchos, Güevéjar, Huélago, Huénega, Huétor Santillán, Ítrabo, Jayena, Jerez del Marquesado, Jete, Láchar, Lentegí, Lújar, Moclín, Montillana, Murtas, Otívar, Pampaneira, La Peza, Píñar, Polícar, Pórtugos, Puebla de Don Fadrique, Rubite, Salar, Santa Cruz del Comercio, Sorvilán, Torre Cardela, Torvizcón, Ventas de Huelma, La Tahá, Nevada, Los Guájares y Valle del Zalabí completan el listado de ayuntamientos que, al cierre del mes de julio, todavía no habían liquidado el ejercicio 2010 y comunicado su resultado al Ministerio de Economía.

No son pocos los ayuntamientos que achacan al cambio de gobierno del pasado mes de mayo las dificultades para cumplir con el plazo impuesto por el Ejecutivo. El concejal de Economía del Ayuntamiento de Alhendín, Manuel Ramírez (PP), asegura que al llegar al Gobierno municipal -hasta entonces del PSOE- se encontraron "con que las cuentas no se habían presentado y estaban fatal". Según Ramírez, esto hubiera supuesto un "grave problema" para el municipio, ya que por el tiempo del que disponían y la fecha en la que estaban, era muy difícil cumplir los plazos del Gobierno central. Así que el Consistorio decidió solicitar un aplazamiento hasta finales de septiembre, petición que fue aprobada por unanimidad en un pleno extraordinario y que se envió al Ministerio de Economía y Hacienda.

Aunque el organismo ministerial no ha contestado, Ramírez explicó que, tras su aprobación en pleno, se da por hecho que el Ayuntamiento de Alhendín cuenta con algo más de tiempo para liquidar los presupuestos de 2010. De hecho, el mismo artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible contempla que "en el supuesto de que las entidades locales justifiquen razonadamente la imposibilidad material de dar cumplimiento a la obligación de liquidar los presupuestos, la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades locales suspenderá por el tiempo que determine, de acuerdo con aquellas alegaciones, la retención de fondos, previa solicitud del pleno de la entidad local afectada".

En cualquier caso, el retraso en la presentación de las cuentas de 2010 no supone la pérdida de las transferencias del Gobierno central, sino su retención hasta que los municipios faciliten toda la información al Ministerio de Economía. Lo que significa que, cuanto antes subsanen los ayuntamientos la falta de información, menos afectadas se verán sus arcas.

El alcalde de Gualchos, Eloy Martín Cabrera (PP), explica que precisamente ayer por la mañana firmó la liquidación de presupuestos para enviarla al Ministerio. Aunque aún no se sabe con certeza qué consecuencias conllevará el retraso en la presentación de las cuentas, Martín Cabrera augura que el municipio "tendrá algún problema, pero se subsanará". El edil de Gualchos señala también al anterior equipo de Gobierno socialista como el responsable de esta situación. "Se ha tardado más en presentar las cuentas por problemas de la administración. No dieron órdenes a tiempo de ponerse a trabajar en la liquidación y cuando llegamos nos encontramos con ese problema. Pero hemos puesto todos los recursos a nuestro alcance para solucionarlo".

Los casos de Alhendín o Gualchos no son los únicos en los que el cambio de gobierno no ha jugado a favor de la puntualidad en la presentación de las cuentas al Estado. De esa lista de 50 municipios granadinos que aún no han liquidado los presupuestos de 2010, al menos 18 han experimentado un relevo político que no ha puesto fácil cumplir los plazos. Aun sin cambio de siglas, la celebración de la campaña y la posterior celebración de elecciones no han contribuido precisamente al normal -y en este caso, acelerado- funcionamiento de las administraciones.

Ante la imposibilidad de presentar las cuentas a tiempo, el Ayuntamiento de Sorvilán también se decantó por solicitar un aplazamiento oficial al Ministerio de Economía. "Vimos que no iba a estar terminado y en el pleno antes de verano aprobamos la solicitud", asegura el alcalde de Sorvilán, Matías Rodríguez.

También hay casos en los que el incumplimiento del plazo ha sido pura coincidencia. El municipio de Cástaras, por ejemplo, consta como que no ha facilitado la información al Ministerio de Economía, pese a que, como explicó su alcaldesa, Yolanda Cervilla, la Comisión Especial de Cuentas aprobó las cuentas de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en la sesión ordinaria celebrada el 11 de julio de 2011. La burocracia en este caso, no jugó a su favor, ya que, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 18 de julio, las cuentas debían someterse a a información pública durante el plazo de quince días. "Las cuentas están aprobadas", insiste Cervilla, que explica que el hecho de que no entraran a tiempo para el Ministerio supondrá "sólo un retraso del pago". Y no muy largo, porque, al fin y al cabo, las cuentas se aprobaron a tiempo.