Algo más tarde de lo previsto, el Ministerio de Economía y Hacienda ha cumplido con su amenaza. En el requerimiento que la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas envió a la Universidad de Granada el pasado 9 de julio, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ya advirtió a la UGR que si no daba marcha atrás en el nombramiento de nuevos profesores, se solicitaría a la Abogacía del Estado la interposición del correspondiente recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa para anular la convocatoria de plazas. Y, según confirmaron ayer a Granada Hoy fuentes del Ministerio, el Gobierno ha pedido a la Abogacía del Estado que impugne en el Tribunal Constitucional la rebelión de la UGR y de otras 14 universidades públicas españolas.

Según el Ministerio, la institución granadina estaba sobrepasando el límite impuesto por la Ley 2/2012 -que limitaba la ampliación de personal universitario a un tasa de reposición del 10%- al convocar a lo largo del año 101 plazas para catedráticos y profesores titulares, 93 más de lo que establece el decreto gubernamental. Según el requerimiento que envió la Dirección de Costes de Personal, con la convocatoria de plazas de la UGR -que durante el verano llevó a cabo los primeros nombramientos-, la institución ha aplicado una tasa de reposición del 1.163%. Aunque de esas 93 plazas de más, no todas son impugnadas por la Administración, que sólo considera 'ilegales' las 59 plazas convocadas en las resoluciones del 24 de abirl y del 3 de mayo.

Pese a que el Ministerio de Hacienda ya haya dado el paso que prometió, fuentes de la Universidad de Granada aseguraron ayer que la institución académica aún no ha recibido la notificación de que el Ministerio de Hacienda haya acudido a los tribunales, por lo que evitaron pronunciarse sobre la decisión del Gobierno central.

Sin embargo, en una reciente entrevista que el rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, concedió a Granada Hoy, el dirigente de la institución académica aseguraba que la Universidad contestó el 10 de septiembre a la Dirección General de Hacienda, haciéndole ver que para cuando llegó el requerimiento ya se había realizado gran parte de los concursos y que la interpretación del Ministerio sobre la tasa de reposición no era correcta. "Estamos dispuestos a defender esa convocatoria donde sea porque creemos que tenemos razón y que podíamos convocar esas plazas", aseguró entonces el rector.

Desde el primer momento, la Universidad ha sostenido que la convocatoria de plazas del mes de mayo estaba fijadas en el presupuesto de 2012 que la institución cerró en diciembre de 2011, antes de que se firmara el decreto gubernamental que fija la tasa de reposición en el 10%. Además, fuentes de la UGR aseguran que la institución no ha hecho ninguna ilegalidad puesto que entiende que los nombramientos de estos profesores titulares y catedráticos son promociones internas y no están en juego nuevas plazas".

Otro de los argumentos que ha esgrimido la UGR para defender su convocatoria de plazas es el hecho de que es una de las pocas universidades españolas que no tienen déficit en sus cuentas y que, puesto que mantiene un equilibrio presupuestario, puede cubrir sus bajas con más personal que otras endeudadas.

No todas las universidades públicas han mantenido hasta las últimas consecuencias el pulso con el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras el envío del requerimiento por el que el Ejecutivo instaba a anular la oferta de plazas, algunas de las institituciones sí que decidieron dar marcha atrás. En el caso de la UGR y de las 14 universidades públicas que mantuvieron los nombramientos de nuevos profesores, la cuestión se dirimirá en los tribunales.