La comisión de grandes contratos está teniendo ponencias a petición de los grupos políticos para conocer informes sobre los tipos de gestión, sus ventajas e inconvenientes. Una de ellas fue la del profesor universitario Luis Chacón, a propuesta de Podemos-IU. En su informe hizo un análisis específico del servicio de basuras de Granada, un “contrato de mera concesión” que con una gestión directa podría ahorrar hasta 5,5 millones al año.

La gestión privada tiene una serie de ventajas como la especialización de la actual concesionaria después de medio siglo ofreciendo el servicio al Ayuntamiento de Granada. “Pero también es evidente que es y ha sido su único cliente por lo que no parece posible que la especialización puede entenderse como un plus al carecer de experiencia competitiva con otras compañías o administraciones”. Según el experto, el servicio carece de valor añadido. La partida fundamental de Gasto, recogida en sus Cuentas Anuales corresponde a personal (69,2% sobre Ventas en 2019 y 69,5% en 2018). Del personal, el 97% son Técnicos y Operarios. Es claro, por tanto, que la cualificación de la inmensa mayoría del personal no justifica un alto valor añadido.

En cuanto a la competencia, “teniendo en cuenta que el contrato inicial se formó en 1970 y no habiendo licitaciones intermedias el componente de competencia que podría ofrecer la gestión privada, sencillamente, no existe”.

También se reconoce que probablemente sea uno de los contratos más elevados del Ayuntamiento, razón por la cual debería ser una licitación absolutamente sometida a reglas de mercado y a licitación “y no permanecer cincuenta años en las mismas manos”.

En cuanto a los inconvenientes de la gestión directa, está el “riesgo de corrupción, riesgo fiscal del IVA (no debería pagarlo el Ayuntamiento si es gestión directa), e inseguridad jurídica. “De hecho, y de acuerdo con las cuentas de Inagra, el Ayuntamiento de Granada no está cumpliendo con la obligación legal de pagar en un plazo de 30 días naturales. Además se han producido novaciones, prórrogas y reajustes del contrato inicial de 1970”.

Además hay un “riesgo reputacional” ya que aunque el servicio sea una concesión, si es malo, el ciudadano “lo achacará siempre al Ayuntamiento, como responsable último del mismo”.

Y todo eso contrapone con la gestión directa. Según Chacón, las ventajas de este modelo son claras. La primera es el precio ya que los servicios de limpieza de vías públicas, parques y jardines públicos y los servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valorización o eliminación de residuos, limpieza de alcantarillados públicos y desratización de los mismos y la recogida o tratamiento de las aguas residuales, tributan al tipo reducido del 10%. “Es claro que el importe del impuesto, al no deber abonarse, no saldrá de las arcas municipales”. Otra ventaja es poder controlar el servicio.

Pero también tiene inconvenientes, como una elección inadecuada de los gestores, como “políticos que han perdido su escaño o cualquier otro puesto representativo que carecen de la formación o experiencia necesaria para dirigir una compañía mercantil”. También con la gestión directa se pueden descontrolar los costes por el mismo motivo anterior, advirtiendo de posibles “desvíos de fondos”.

Las cuentas de Inagra, al tener un solo cliente, no generan incertidumbre en lo relativo a los grandes capítulos de ingreso. En el de gasto, tampoco. Y “si el servicio se ofreciera por parte del Ayuntamiento, parece evidente que las cifras no variarían de modo significativo. No hay evidencia alguna de que pudieran encarecerse o abaratarse ninguna de las partidas por el hecho de que varíe el titular de la gestión”. En gastos de personal, el coste será similar en ejercicios subsiguientes.

“Llama la atención que el Patrimonio Neto sea tan elevado ya que genera un exceso de recursos y la rentabilidad sobre Fondos Propios sería baja. En estos casos se suele devolver capital a los socios”, pero “tampoco se ha procedido al reparto de dividendos, entendemos que en razón de no cumplir con la liquidez suficiente para ello. Es evidente que la razón de ambas cuestiones está en la deuda del principal cliente que es el Ayuntamiento de Granada, a su vez, socio minoritario”, dice el informe.

El 70% del gasto se dedica a personal, no sujeto a IVA. En 2019 las ventas al Ayuntamiento de Granada fueron 35.094 miles de euros en 2019 y 34.421 miles de euros en 2018.

Para la Gestión Privada el experto suma al precio del contrato (35.094 miles de euros) el IVA del 10% (3.509,40) lo que supone un desembolso para el Ayuntamiento de 36.603,40 miles de euros. Para la Gestión Pública, el cálculo debe incluir los costes directos (Coste del Servicio) que será, básicamente el personal a los que habrá que sumar el IVA soportado por Inagra que para el Ayuntamiento será mayor gasto.

En IVA de los costes, el capítulo sumaría 1.369 miles de euros.

Comparando, se obtendrían ahorros en lo que denomina “intervalos”. Para 2019, entre el 17,80% y el 16,42% y para 2018, entre el 19,16% y el 18,14%.

Como conclusión, Chacón establece que “con los datos públicos de la compañía y en relación al análisis de ítems planteados, debemos concluir que sería mucho más beneficioso para la ciudad recuperar el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. Incluso en el caso de tener que financiar el pago de la deuda actual, fruto de la mala gestión de años anteriores. En definitiva, la ciudad, realizando idéntica gestión y con los mismos costes y recursos podría obtener ahorros anuales de alrededor de cinco millones y medio de euros”.