De Granada a Londres para abortar

Un gran número de personas participó ayer en una acción protesta en el Aeropuerto de Granada organizada por la plataforma Mujeres en Plural. El motivo era rechazar el anteproyecto de la nueva regulación del aborto del Gobierno y para eso realizaron una iniciativa bastante curiosa.

Miembros de las asociaciones, partidos políticos y manifestantes en general acudieron al aeropuerto con maletas para en una cola de embarque escenificar un vuelo a Londres para abortar debido a las restricciones que quiere imponer el gobierno de Mariano Rajoy al aborto en España.

"Me voy a abortar a Londres porque aquí no puedo", "Acompaño a mi pareja, hija, amiga a abortar" o "Que no decidan por ti", eran algunos de los lemas que podían leerse en las pancartas y maletas que portaban los manifestantes, entre los que se encontraban la concejal de IU en el Ayuntamiento de Granada Maite Molina; el concejal del PSOE Paco Cuenca; la parlamentaria andaluza Clara Aguilera; la diputada socialista Elvira Ramón o la directora del IAM en Granada, Belén Palomares, entre otros.

Otro grupo de personas simularon que no podían viajar y lucieron lemas como: "No tengo medios para ir a Londres: ¿tengo un hijo que no deseo? o ¿me arriesgo a una práctica insegura e ilegal? Tengo 17 años y mis padres me quieren obligar a tener un hijo que no deseo, ¿qué hago?"

La asociación pretendía "escenificar" una de las consecuencias que tendrá la nueva regulación, en caso de ser aprobada, el éxodo de miles de mujeres a países de nuestro entorno europeo para poder interrumpir un embarazo que no desean. Coincidió también la acción con la petición de asilo político por negación de derechos sexuales y reproductivos que hicieron ayer mujeres y profesionales sanitarios en una embajada europea en Madrid.

Según la plataforma, el anteproyecto "niega el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad" y "nos sitúa junto a las legislaciones más restrictivas de la Unión Europea, como Polonia o Irlanda".

La plataforma Mujeres en Plural asegura que "se trata de una regulación peor que la de 1985 que suprime el supuesto de malformación fetal grave, vuelve a considerar el aborto como delito sin pena para la mujer pero sí para los profesionales que lo hacen posible y trata a las mujeres como menores de edad", dicen.