Al final son 35 los refugiados afganos que el Gobierno de España acoge en centros del Ministerio de Inclusión en la provincia de Granada una vez finalizada la operación de evacuación tras la llegada de los talibanes al poder en el país asiático. En toda Andalucía a 188 en total.

Estos refugiados del programa de Protección Internacional del Ejecutivo español, que ha atendido en su dispositivo temporal de tránsito de Torrejón a 2.181 personas evacuadas en 17 vuelos a lo largo de nueve días, son en concreto 19 hombres y 16 mujeres, de los cuales 9 son menores de edad.

La estancia media de los refugiados ha sido de 46 horas, muy inferior 72 horas inicialmente fijadas como objetivo, y se ha dado acogida a 1.700 personas en apenas diez días cuando lo habitual la entrada en el sistema de 1.300 al mes de media, según la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Las personas acogidas están en recursos del Estado –centros propios del Ministerio de Inclusión– o financiados estatalmente y gestionados por entidades y distribuidas en los centros andaluces colaboradores con el ministerio, y se hace atendiendo a las características personales o de los grupos familiares a los que pertenecen.

Granada es la segunda provincia andaluza que más refugiados acoge por detrás de Córdoba, donde 73 personas (37 hombres y 36 mujeres, entre ellos 33 menores) han llegado a los distintos puntos establecidos por el Gobierno. Después aparecen Huelva con 21 afganos acogidos (13 hombres y 8 mujeres, de los que 8 son menores); y Sevilla con 18 (8 hombres y 10 mujeres, 3 menores).

Diecisiete personas han llegado a la provincia de Málaga (9 hombres y 8 mujeres, entre los que se encuentran 10 niños); 14 a la provincia de Cádiz (5 hombres y 9 mujeres,dentro de los que se encuentran 4 menores); y a la provincia de Almería han sido trasladados 10 refugiados (7 hombres y 3 mujeres, tres de ellos niños).

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, indicó que las derivaciones a las plazas de acogida del Gobierno central a cada comunidad autónoma se han realizado tras entrevistas a las familias evacuadas y determinar qué recursos eran más adecuados para cada caso.

Entre otras cuestiones, se analizan sus posibles necesidades especiales, la existencia de posibles redes familiares cercanas y la disponibilidad del número de plazas necesarias para cada unidad familiar en el momento de la derivación.