La provincia de Granada registró el pasado año, de enero a noviembre, 145 ocupaciones ilegales de inmuebles, más del doble de las que se produjeron en 2015, según se desprende de una respuesta escrita del Gobierno a una pregunta del PP sobre el número de inmuebles ocupados y sobre la información que tiene el Ministerio de Justicia sobre viviendas desalojadas entre los años 2015 y 2022.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno recalca que bajo el término "ocupación de inmuebles" se están incluyendo el allanamiento de morada y la usurpación de inmuebles, sea con violencia o no, y sean residenciales o no.

En el caso de la provincia de Granada, los datos evidencian una tendencia ascendente de las ocupaciones, desde las 70 que se produjeron en 2015, a las 105 de 2018 o las 133 que se registraron en el 2020.

El 2021 se cerró con 166 ocupaciones ilegales, siguiendo la línea de años anteriores y hasta noviembre de 2022 la cifra iba por las 145, según los últimos datos de que se disponen a este respecto.

Señala el Gobierno que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan conforme al ordenamiento jurídico vigente, de forma urgente y perentoria en el caso de allanamiento de morada, desalojando las viviendas de inmediato, siempre que se tenga permiso del morador y éste haya presentado una denuncia.

Por otro lado, también actúan en el caso de las usurpaciones de inmuebles, residenciales o no, pero que no son morada. Aquí el proceder está sujeto a una orden judicial de desalojo previa, además de la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad, salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito y sea con violencia o intimidación, en cuyo caso los agentes sí pueden desalojar los casos de usurpación en el momento.