Desde el pasado mes de agosto hasta este 25 de noviembre, día dedicado la erradicación de la violencia de género, en la provincia de Granada se han registrado un total de 18 atenciones en centros de salud por supuestos pinchazos a mujeres, según los datos facilitados por la Delegación territorial de la Consejería de Salud y Consumo.

El protocolo que se activó el pasado verano, cuando saltaron todas las alarmas y se tuvo conocimiento de las primeras atenciones en centros sanitarios por estos supuestos pinchazos, sigue activo, indican las mismas fuentes, que recuerdan que la Junta de Andalucía puso en marcha ese documento a través de las consejerías de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa; Salud y Consumo; Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y de Justicia, Administración Local y Función Pública. El objetivo era tener establecido cómo actuar en el caso de sospecha de sumisión química por objeto punzante.

Estas áreas, recuerda Salud, trabajaron conjuntamente en la actualización del procedimiento ya existente –el Protocolo de Actuación y coordinación sanitaria ante agresiones sexuales en Andalucía 2020– como consecuencia de las agresiones que se habían producido en las semanas anteriores. El texto anterior ya incluía la actuación sanitaria en caso de sospecha por sumisión química.

El documento elaborado el pasado verano recuerda que estos pinchazos son agresiones y constituyen un delito, que conllevan la emisión de un parte de lesiones y una atención sanitaria urgente, ante la posible situación de sumisión química asociada al pinchazo.

En este sentido, el objetivo general de este protocolo que sigue en vigor era dar una eficiente respuesta social, mediante la colaboración de todas las administraciones implicadas: las consejerías ya mencionadas, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Instituto Andaluz de la Mujer, Juzgados, Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal.

En concreto, el protocolo establece un procedimiento ante las agresiones por pinchazo con o sin agresión sexual y un diagnóstico de sospecha por sumisión química. Asimismo, ofrece la respuesta médico-legal oportuna que garantice los derechos de la víctima y una guía de procedimiento a nivel extrahospitalario definiendo los pasos a seguir y la documentación legal imprescindible. Hasta la fecha, han sido 18 las atenciones en centros de salud de Granada por este motivo, como ya se ha indicado.

El documento establece que una vez atendida a la víctima en Urgencias de centros hospitalarios y Atención Primaria o a través del servicio de emergencia 112, se le toman muestras que serán custodiadas en laboratorios de Análisis Clínicos o Áreas encargadas para tal fin. Posteriormente, son enviadas al Instituto Nacional de Toxicología.

Además, entre otras medidas, el protocolo contempla el ofrecimiento de apoyo psicológico y legal para las víctimas de estos actos delictivos. Cabe recordar que el Instituto Andaluz de la Mujer cuenta con dos programas asistenciales para víctimas de agresiones sexuales: el Servicio de atención telefónica inmediata 24 horas contra la violencia sexual y el Servicio de asesoramiento jurídico, asistencia legal y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia sexual y abusos sexuales en Andalucía.

Por su parte, la Consejería de Justicia incidió cuando entró en funcionamiento el protocolo en la importancia de que las víctimas denuncien de manera inmediata este tipo de agresiones, para activar los procesos necesarios en el ámbito de la Administración de Justicia.

El documento define la sumisión química como la agresión sexual, robo, extorsión y/o maltrato que sufre una persona a la que se le ha administrado de forma deliberada una sustancia psicoactiva para anular su voluntad. Asimismo, incide en que la SQ es un problema de salud y una forma de violencia.