Granada

La clínica iDental de Granada, entre los primeros registros practicados en España

  • Un juzgado de la capital se adelantó a la operación impulsada ayer por la Audiencia Nacional y entra en el establecimiento de Pulianas

  • Las investigaciones, en manos del juez De la Mata

Imagen que presentaba en la tarde de ayer establecimiento de la compañía iDental en Pulianas (Granada). Imagen que presentaba en la tarde de ayer establecimiento de la compañía iDental en Pulianas (Granada).

Imagen que presentaba en la tarde de ayer establecimiento de la compañía iDental en Pulianas (Granada). / ÁLEX CÁMARA

La clínica iDental de Granada, una de las decenas de negocios de esta organización que ha cerrado sus puertas y dejado a miles de afectados sin tratamiento, fue de las primeras sedes de toda España en ser registrada, a mediados de julio, para el decomiso de material e historiales de pacientes que puedan ser útiles en la investigación de la posible estafa generalizada. La UDEF, por orden de la Audiencia Nacional, practicó ayer otras 17 entradas en establecimientos de otras tantas provincias.

La jueza María Ángeles Jiménez, en funciones de sustitución en el Juzgado de Instrucción 7 de la capital, atendió hace algo más de una semana una petición de la Fiscalía para ordenar a la Policía la entrada y registro de la clínica de iDental de Granada, ubicada cerca de Pulianas. Esta medida estaba encaminada a asegurar lo antes posible cualquier prueba, documentación o recursos, que puedan servir en la investigación que finalmente va a quedar centralizada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

Los cientos de casos en la provincia de Granada, una de las que ha registrado más incidencias (se calcula que pueden superar los 500 afectados), han dado lugar a que casi todos los juzgados de Granada tuvieran sobre su mesa denuncias sobre el posible fraude de esta clínica, que dejó sin atender o hizo tratamientos defectuosos a clientes que habían financiado su compra para ello. Pese a esa generalización de diligencias abiertas en manos de decenas de jueces de la provincia, la rápida actuación para registrar la sede de Pulianas sólo fue ordenada por Instrucción 7 de la capital, que, al igual que el resto de los órganos territoriales, ya se han inhibido o están en proceso de hacerlo estos días en favor de la Audiencia Nacional.

El pasado 26 de julio, el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 5 dictó un auto para aceptar la investigación de estos hechos denunciados en centenares de juzgados de todo el territorio nacional. El juez asumía en su escrito, al que tuvo acceso este periódico, que "el tamaño de la estructura societaria, su despliegue territorial, su modelo de negocio, el volumen de la operativa, la estructura de financiación, el número de profesionales involucrados y el ingente número de investigados hacen presagiar una compleja investigación que requiere la participación de Unidades Centrales de Investigación bajo una lógica y dirección únicas", de tal modo que sería "incompatible" con un "manejo fragmentario" en decenas de juzgados del territorio nacional, como estaba sucediendo hasta ese momento.

Desde que se remitió este auto a los diferentes órganos provinciales, varios juzgados se han inhibido ya y entre ellos algunos de los de Granada. En la Audiencia Nacional se investiga ya a los responsables de esa estructura societaria por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

El juez De la Mata acaba de ordenar las primeras diligencias para el esclarecimiento de los hechos, entre las que están el registro de otras 17 clínicas, 5 de ellas en Andalucía (Almería, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga), y de la sede en Madrid de la sociedad de inversión que adquirió dicho grupo empresarial, Weston Hill Capital SL.

Tras el colapso de iDental en octubre de 2017, esa sociedad de inversión llamada Weston Hill Asset Management se hizo con el 100% del grupo empresarial por 25 millones de euros, con la finalidad de reflotar la sociedad, pero manteniendo, según las investigaciones policiales y judiciales coordinadas por la Audiencia Nacional, el mismo modelo de negocio.

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