Granada ha pasado del ostracismo en maneras de licitaciones obra pública de 2017, cuando fue una de las provincias menos beneficiadas de España, a unas cifras en 2018 que señalan un incremento notable de la inversión. De los alrededor de 88 euros por habitante invertidos hace dos ejercicios se ha pasado a los casi 289 euros por habitante destinado a la licitación de proyectos públicos en 2018.

En total, las administraciones han destinado durante el año pasado 264,5 millones de euros a la licitación de obra pública, unos 184 millones más que cuando se produjo el desplome en 2017 y solamente se invirtieron 80,4.

Es decir, la inversión se ha disparado un 228% en cuestión de un año. La razón de este incremento se explica en las inversiones procedentes de la Junta de Andalucía (174,1 millones), que compensan la ausencia de grandes proyectos nacionales y locales y además sitúan a Granada como la provincia más favorecida a nivel autonómico con amplia diferencia sobre el resto.

Estos datos se extraen del observatorio que elabora la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

El impulso inversor del Gobierno andaluz es el principal motivo de que Granada se haya recuperado con garantías de la caída en picado de 2017. La prueba es que se han invertido 68 millones más que en Málaga, la segunda provincia con más contratos públicas de la Junta y la única junto a Granada que supera la barrera de los 100 millones en el año 2017.

La comparación interanual también pone de manifiesto que en la actividad de las empresas contratistas granadinas tuvieron mucho peso las infraestructuras andaluzas, pues se ha pasado de los casi 34 millones invertidos hace dos años a los más de 174. Es decir, un empujón de 141 millones que supone un avance del 413 %. Además, la cantidad que la Junta ha invertido en obra pública en 2018 es de más de 190 euros por granadino.

El esfuerzo inversor del Gobierno central y de las entidades locales también ha sido mayor

Aunque, la aceleración de la licitación de obra pública (es el año con más inversiones en la provincia desde 2014) también se explica en que tanto el Gobierno central como las administraciones granadinas (ayuntamientos y Diputación) también se han mostrado 'más generosas'.

En el caso de las inversiones de ámbito local se ha pasado de los más de 32 millones de 2017 a los 62,4 de este último año, lo que indica un incremento del 90%. En cuanto al dinero destinado a contratos de entidades locales por habitante la cifra es de unos 65 euros.

Las empresas granadinas también se han visto beneficiadas por el ligero repunte en licitaciones estatales de los 14 millones de hace dos ejercicios a los 27 millones de 2018.

En todo caso, sigue siendo una cantidad escasa y que da como resultado una inversión de unos 30 euros por habitante. La repercusión de la obra pública del Gobierno central solamente ha sido más baja en Córdoba y en Jaén.

Cabe recordar que el desplome de obra pública en Granada ha tenido mucha relación con la ausencia de grandes proyectos estatales en la provincia después del gran movimiento para la construcción que se produjo en años anteriores para contratos por las obras de la Línea de Alta Velocidad Antequera- Granada, por la finalización de la A-7 y del Metro.

De esta forma, después del AVE y de la Autovía de la Costa, los constructores granadinos han acusado que el Ejecutivo español no haya proyectado edificaciones importantes en la provincia. Algo que también pasa en Córdoba, Jaén e, incluso, en Málaga donde el peso del Gobierno central es escaso.

En cuanto al análisis por provincias, Granada se sitúa en el quinto puesto de Andalucía en inversiones totales por detrás de las cifras de Almería (739,7 millones), Sevilla (451,4), Málaga (333,1) y Cádiz (173,1). Y muy pareja a Huelva (264,4).

Los 264,5 millones licitados en 2014 son la cantidad más alta desde el año 2014

De esta manera, como en 2017, tanto Córdoba como Jaén están por debajo de Granada, cuya recuperación se debe al esfuerzo de la Junta de Andalucía en el año electoral de 2018 mientras que en provincias como Almería, Sevilla o Huelva el impulso ha provenido del Estado.

España cerró 2018 en máximos de los últimos ocho años, al sumar 16.842,7 millones de euros, importe que se dispara un 31,8% respecto al del año anterior, impulsado por las obras del AVE en muchas capitales, según el análisis de la patronal de grandes constructoras Seopan.

Se trata del mayor volumen licitado desde 2010, cuando se sacaron a concurso trabajos de infraestructuras y dotaciones públicas por 26.210 millones. A pesar del aumento, la obra pública está aún lejos del máximo histórico que alcanzó en vísperas de la crisis, el de 46.700 millones de euros logrado en 2006.